Pelea por polémica ley para consorcios

Mauricio Macri aún sigue de gira en Estados Unidos. Por eso ayer, en la cabecera de la mesa del gabinete estuvieron el cultural Hernán Lombardi, el jefe del bloque PRO, Oscar Moscariello, y el suplente del mandatario, Diego Santilli.

Casi en un escándalo termina ayer una reunión de legisladores para acordar el despacho de la ley que regulará la administración de las propiedades horizontales. Hubo insultos y gritos durante el debate, entre quienes propician las modificaciones, sosteniendo que cuidarán más el dinero de los propietarios y quienes creen lo contrario.

La modificación de la ley que crea un registro de administradores de consorcios es alentada por los diputados Sergio Abrebaya, de la Coalición Cívica y Marcelo Meis, ex macrista que alista con Ricardo López Murphy.

La situación se tensó especialmente con el titular del Colegio de Abogados de la Ciudad, Jorge Rizzo, y varios letrados que lo acompañaron, grupo desde el cual se manifestaron exaltaciones en contra de representantes de consorcistas que están a favor de la iniciativa. Los sectores intercambiaron calificativos subidos de tono, dejando por momentos la reunión al borde de frustrarse.

Los principales cambios a la ley impondrían que los administradores tengan mandato de un año, para evitar que el consorcio deba reunir dos tercios en una asamblea si quiere cambiar al profesional. Se le impondría al administrador presentar una declaración jurada de bienes y un seguro de caución como cláusula para previr consecuencias económicas adversas a los vecinos en caso de un mal manejo de fondos y, por otra parte, se le prohibiría al administrador -salvo que el reglamento diga lo contrario- acordar aumentos de sueldos con el encargado del edificio. Ese terminó siendo el punto mayor de la discordia, ayer, que provocó la emisión de dos despachos diferentes de ley para llevar al recinto en quince días.

Los abogados tienen un instituto de formación de administradores y llevan su propio registro, mientras la ley profundizaría el control del Estado porteño sobre la actividad. A su vez, los letrados sostienen que un registro de administradores impediría que los consorcistas pudieran autoadministrar sus propiedades. La semana pasada, autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presentaron una nota con su posición en la Legislatura. Sostienen su oposición a «crear un registro de administradores de consorcios, cuya puesta en marcha, entre otras cosas, encarecía desmedidamente los costos de las expensas».

«Se oponen porque buscan impedir que el Estado controle a los administradores de consorcios y están usando falsos argumentos para frenar la reforma», replicó Abrebaya sobre quien Rizzo dice que busca cambios en contra de las leyes nacionales. El diputado aseguró que hay «sectores que están enfrascados en una lucha de colegiaturas para ver quién se queda con ese negocio y lanzan consignas falsas», en alusión a la oposición de los abogados a la creación de un supuesto colegio de administradores, proyecto que, según la Comisión de Legislación General, no se está tratando por el momento.

Otro punto del cambio que se promueve es la obligación que tendría el administrador sobre la liquidación de expensas, «que deberá contener obligatoriamente un detalle de los gastos, contrataciones e información precisa». Para promover el proyecto de ley, inclusive, Abrebaya y Meis tienen una página web «www.leydeconsorcios.com.ar», donde destacan que no están de acuerdo con la colegiatura ni con el aumento de expensas, sino con «el control de la administración».