"Per saltum" para la fragata: irán a tribunal internacional

GOBIERNO DEFINE RECOMENDACIÓN DE GHANA (APELAR DENTRO DE ESE PAÍS) O RECURRIR A CORTE EN HAMBURGO

La Argentina recurriría al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solucionar el conflicto por la fragata Libertad. No se le pagará a Peter Singer, dueño del fondo Elliot, que logró convencer a un juez ghanés. Mientras tanto, la vida de los marinos sigue igual en el puerto de Tema.

Richard Adjei Frimpong. Éste es el nombre del juez en el Tribunal de Comercio ghanés que para el Gobierno argentino tendría vínculos «aceitados» con Peter Singer, el titular del fondo buitre MNL Elliot, que logró que el magistrado retuviera la fragata Libertad en el puerto de Tema. Los datos que llegan de Acra, la capital de Ghana donde ya están operando los funcionarios argentinos para establecer la estrategia final para liberar la nave, el viceministro de Defensa, Alfredo Forti, y el vicecanciller, Eduardo Zuain, hablan de la imposibilidad de que este juez falle en este sentido, ya que se trataría de un hombre «convencido» de los derechos de Singer.

Así, sólo pagando los u$s 20 millones de caución que exige Frimpong, la fragata sería liberada; decisión que de ninguna manera el Gobierno de Cristina de Kirchner puede o quiere tomar. Más allá de que es una decisión de la jefa de Estado la de no dar el brazo a torcer ante la presión de un fondo buitre, legalmente la Argentina no podría aceptar la liquidación de la caución ya que la llamada «ley cerrojo» dictada en el marco del canje de deuda de 2010 lo impide. Según esta norma, la posibilidad de arreglar la deuda que aún queda fuera de los llamados de 2005 y 2010 está prohibida por ley, para amparar a los acreedores que aceptaron las dos quitas propuestas por la Argentina y que llevan a una reestructuración de casi el 95% del total del pasivo en default. Los casi u$s 5.000 millones que aún permanecen fuera, y que en su mayoría pertenecen a los fondos buitre como el Elliot que accionó ante Frimpong en Ghana, no pueden cobrar ya que esa acción está prohibida por ley.

Ante el panorama de saber que no se podrá accionar ante el juez ghanés por intransigente a favor de Peter Singer y la negación política y legal para liquidar la caución, a la Argentina se le plantean dos escenarios posibles. Uno de ellos será el que elija, seguramente este fin de semana, Cristina de Kirchner. 

Accionar dentro de la Justicia ghanesa. Según lo que se les comunicó a los enviados argentinos desde el Gobierno africano se les dio el dato sobre el poder de «convencimiento» que Singer habría tenido sobre Frimpong. Se recomendó accionar en una especie de Tribunal de Alzada dentro del sistema judicial ghanés, donde se le aseguraba que la posición argentina podría tener mayor suerte. La presentación incluso de defensa de la liberación de la fragata sería ejercida por el propio Gobierno ghanés, bajo la fórmula de «amicus cureae»: representar a otro Poder Ejecutivo ante los tribunales propios. La Argentina debería dejar de litigar sobre el juzgado de Frimpong y aceptar que el caso llegue a la Alzada (una especie de intermedio entre la Cámara y la Corte en la Argentina). Promete el Gobierno ghanés que esta estrategia sería rápida y favorable al país. Sin embargo, algunas cuestiones de confianza y algunas palabras algo volátiles del Gobierno africano hacen dudar de este camino.  

Accionar en tribunales internacionales. La recomendación de la Cancillería y de varios expertos en derecho internacional locales es que el caso directamente se lleve ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Éste es un órgano independiente, pero vinculado a las Naciones Unidas, establecido en Hamburgo, Alemania, y que tiene facultades para resolver sobre la aplicación de la Convención de los Derechos del Mar de 1970. Tanto la Argentina como Ghana son parte de esta Convención, con lo que pueden recurrir al organismo. Cuenta con 21 miembros, comenzó a operar en 1994 y tiene experiencia en casos como la Libertad, ya que la mayoría de las solicitudes de intervención responde a reclamos de «liberación de buques y sus tripulaciones (artículo 292 de la Convención)». Según ese artículo, los buques de guerra y otros buques de Estado destinados a fines no comerciales están protegidos por inmunidad soberana y en consecuencia libres de requisas y embargos. Esta salida legalista tendría dos problemas para ser aplicada. La primera es temporal, ya que un caso ante este Tribunal podría demandar hasta un año de trámites, antes de una resolución final con el voto de los 21 integrantes. Sería difícil que el Tribunal acepte además un juicio sumario para este caso. La otra contraindicación es que ante el estrado el acusado sería el Gobierno ghanés, con el que la Argentina está en buenas relaciones y negociando una salida dentro del sistema judicial del país africano.

La Libertad está varada en el puerto desde el 2 de octubre, luego de haber decidido Frimpong hacer valer derechos del fondo Elliot de Singer por un reclamo de cobro de unos u$s 370 millones. De acuerdo con la posición argentina, la retención de la fragata constituye una violación a la Convención de Viena, ya que los navíos militares están protegidos por inmunidad diplomática; lo que no habría sido tenido en cuenta, obviamente, por Frimpong.

Ayer la fragata cumplió su decimosexto día anclada en el puerto de Tema. Desde el Gobierno argentino se asegura que la moral está alta y que la mayoría de los marinos y colaboradores está dispuesta a resistir todo lo que sea necesario dentro del buque, hasta que la situación se destrabe. Según esta posición, la tripulación de la Libertad estaría entrenada para soportar presiones de este tipo; más allá que de todas maneras haya largas horas de distracción en el puerto de Tema, incluyendo torneos multideportivos en el ya legendario estadio Juan Domingo Perón: al pie del muelle donde la fragata descansa hasta una definición.