Petroleras siguen de cerca causa PAE

Las actuaciones de la Justicia federal en relación con el presunto pago de sobornos por la extensión del contrato del yacimiento Cerro Dragón en 2007 a Pan American Energy (PAE) son seguidas con atención por el resto de las empresas petroleras. En primer lugar porque se trata del área más importante de la Argentina, de donde se extrae el 16% de la producción nacional. En diciembre de 2014 se extrajeron 13.500 metros cúbicos por día en ese bloque, sobre un total de 85.000 metros cúbicos diarios, según datos del Instituto Argentino del Petróleo y Gas.

La importancia del área concesionada a PAE es tal que para igualar su producción YPF necesita sumar lo extraído en cuatro áreas, aunque también es cierto que el crudo de Cerro Dragón no es el más apto para las refinerías locales, por lo cual se exporta más del 40% de lo que se obtiene.

Entre las compañías petroleras surgen interrogantes sobre el futuro del área, en caso de que prospere la causa judicial. No obstante, la sensación en esas empresas es que la investigación local "está floja de papeles" y que la sorpresa sólo podría darla la SEC (Securities and Exchange Commission) si avanza en la investigación sobre presuntas autodenuncias de BP (principal accionista de PAE con el 60%) y de Hernán Arbizu, exagente del JP Morgan que a su vez tiene el 30% de las acciones de BP.

Hay quienes no descartan que el titular de YPF, Miguel Galuccio, tenga también interés en el tema, por lo menos en principio para confirmar su opinión de que los gobiernos provinciales deben ser limitados en sus atribuciones para que los procesos de adjudicación y control de las concesiones a empresas privadas sean más transparentes. En ese sentido, se comenta que el titular de YPF hubiera querido una ley más dura de la que finalmente salió el año pasado, para acotar las facultades de las provincias productoras.

En principio, parece haber un vacío legal que permitió la extensión del contrato de Cerro Dragón, así como la prórroga de la concesión de Loma de La Lata a Repsol-YPF, que se realizó a fines de 2000, todavía encabezada por el Gobierno nacional porque recién a partir de 2007 las provincias empiezan a actuar como autoridad concedente.

Una petrolera necesita saber con cierta anticipación si el contrato será extendido porque hay inversiones que terminan de dar resultados en tres o hasta cinco años. Pero la legislación no fija lo que debería ser el plazo más adecuado para acordar la prórroga de un contrato o para empezar a negociar. Así, el exministro José Luis Machinea negoció la extensión de la concesión de Loma de Lata 17 años antes de su vencimiento, prorrogándola para el período 2017-2027 porque necesitaba los U$S 300 millones que Repsol pagó por esa medida.

En el caso de Cerro Dragón, la concesión vencía en 2017 pero fue prorrogada en 2007 por 20 años a los que pueden sumarse 20 años más, lo que cubriría toda la vida útil del bloque. La extensión la realizó el ex gobernador Mario Das Neves y fue aprobada por la legislatura de Chubut, con el voto en contra de sólo tres legisladores de origen radical.

Uno de los mayores argumentos contra este tipo de prórrogas anticipadas es que la autoridad concedente no puede evaluar tantos años antes si se cumplieron las inversiones comprometidas y si se está realizando la reparación medio-ambiental a medida que se desarrolla el yacimiento. Por eso, las extensiones con mucha antelación dan lugar a suspicacias.

Según informó ayer El Patagónico de Comodoro Rivadavia, el fiscal federal, Guillermo Marijuan, solicitó diversas medidas para avanzar en la investigación por el supuesto pago de sobornos en la extensión de Cerro Dragón. Entre lo solicitado, que debe ser autorizado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, se incluyen declaraciones testimoniales de ex funcionarios las que a su vez fueron pedidas al fiscal por el ex procurador provincial Eduardo Samamé. Este último pidió que se investigue el supuesto enriquecimiento patrimonial de Das Neves y su ministro de Coordinación, Norberto Yauhar, y también a los diputados del Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical (UCR) y el PACh que aprobaron el contrato en la Legislatura, así como la actuación en el momento de la prórroga del dirigente sindical Mario Mansilla.