Pichetto exige dictamen para definir apoyo a ley del default

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Fue otra muestra de trámite exprés en el Congreso, aunque esta vez no se trató una estrategia del kirchnerismo, tan adicto a esos procedimientos, sino de Cambiemos para intentar votar cuanto antes el proyecto que habilita la salida del default y ratifica la negociación del Gobierno con los fondos buitre. La votación del proyecto en Diputados fue recién a las 8.35 de la mañana. Sólo seis horas después Alfonso Prat Gay ingresaba a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Economía para explicar y debatir ante los senadores el proyecto de ley. Anoche el Gobierno comenzaba a garantizarse el número en esa cámara, con el apoyo del peronismo y de gobernadores, aunque el debate dejó dudas que serán procesadas en el Senado durante esta semana.

Por ejemplo, Miguel Pichetto, que hasta ahora no parece complicar al Gobierno en esta votación sino todo lo contrario, exigió que el procurador general del Tesoro, Carlos Balbín, emita un dictamen por escrito sobre el acuerdo con los holdouts. El jefe peronista le estaba pidiendo que emitiera una opinión, como jefe de los defensores del Tesoro, sobre la posibilidad de que en el futuro existieran nuevos juicios por parte de bonistas que no ingresaron en esta negociación.

Frente al pedido de Pichetto, Balbín explicó que no ha firmado un dictamen pero que "no" tiene "inconveniente en presentar un informe al Senado". Pichettó retrucó: "No quiero polemizar, pero usted está obligado a hacer un dictamen sobre la operación que puso en marcha el equipo económico, sobre las condiciones jurídicas".

"Como procurador dictamino a pedido del Presidente"
, dijo Balbín y explicó que "ningún profesional del derecho puede dar un juicio de certezas sobre litigiosidad". La duda sobre ese punto, que fue central también en el debate en Diputados, quedó sembrada.

De todas formas Balbín explicó que al haber caído la cláusula RUFO en diciembre de 2014 y al derogarse la ley cerrojo, que son dos temas sobre los cuales se apoyó el fallo inicial del juez Thomas Griesa, "no sería razonable" que se dicten nuevas medidas cautelares que impidan pagar.

En el debate de ayer Prat Gay aseguró a los senadores que un 90% de los litigantes entre fondos buitre y holdouts aceptó la propuesta de pago de la Argentina y sostuvo que el desembolso podría rondar entre 11.500 y 12.000 millones de dólares, si todos adhieren. Y reconoció que el 10% que no ingresó "no es un tema menor porque hay que tomar los recaudos necesarios" para evitar futuras demandas.

"Cerca del 90% de los litigantes han acordado", dijo Prat Gay y recordó que en el 10% restante hay acreedores con "bonos que prescribieron".

El Gobierno sólo pagará a quienes demuestren que sus bonos no prescribieron y agregó: "Si hay litigiosidad, es para pagar algo que no tenemos que pagar. Esa litigiosidad no es un problema".

Prat Gay señaló que el último martes "hubo dos grupos de acreedores muy beligerantes que se sumaron, uno de ellos reúne a más de 150 individuos".

También explicó que el Gobierno se negó a firmar un "acuerdo de confidencialidad" y también se negaron "al pago en bonos" porque si hacían eso, los acreedores lo hubieran "reventado en el mercado, al 80%".

"El bono lo emitimos de todos modos, simplemente en lugar de dárselo a un acreedor lo colocamos en el mercado",
agregó Prat Gay, esto implicó un "ahorro adicional del 20% sobre la sentencia ya negociada".

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