Así lo señaló la abogada Graciela Figueredo, quien representa a exmilitares y policías retirados que participaron en actos represivos durante la dictadura, citada ayer por el diario El Observador.
La SCJ emitió el viernes pasado un primer fallo declarando inconstitucional una ley de octubre de 2011 que consideraba que las violaciones de los derechos humanos no prescriben como delito, por ser de lesa humanidad, de acuerdo con lo que le había demandado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin dicha ley, esos crímenes habrían caducado como tales en 2010, 25 años después del fin de la dictadura, y las investigaciones en curso habrían finalizado, de acuerdo con la tesis de los defensores.
El fallo del máximo órgano judicial afecta técnicamente a una apelación formulada por dos coroneles, pero se espera que el tribunal mantenga la opinión en otros expedientes.
Entre los recursos a estudio se encuentran los presentados por el coronel Tranquilino Machado, procesado con prisión en junio de 2011 por el asesinato de un estudiante ocurrido en julio de 1973, y el del policía Ricardo Zabala, procesado en marzo de 2012 por la muerte de un maestro el 1 de agosto de 1977.
Figueredo entiende que si se da lugar a los recursos presentados por esos dos represores y se puede establecer que los delitos prescribieron, ambos podrían ser liberados.
Cerca de una decena de militares y policías en retiro están encarcelados en un centro de detención especial en Montevideo por violaciones a los derechos humanos. La mayoría de los procesamientos ocurrieron antes de 2010.
El fallo de la SCJ que declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura generó críticas desde el Gobierno frenteamplista y de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Una marcha convocada por el gobernante Frente Amplio (FA), la central obrera PIT-CNT y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se llevará a cabo esta tarde desde las 18 en Montevideo.
En Uruguay rigió entre 1986 y 2011 la Ley de Caducidad (amnistía), avalada por los que eran los partidos mayoritarios, Blanco y Colorado. Esa norma fue ratificada en sendos plebiscitos en 1989 y 2009. Pactos internacionales firmados por Uruguay complican la vigencia de normas que garanticen la impunidad en casos de crímenes de lesa humanidad.
La corriente del presidente José Mujica dentro del FA, el Movimiento de Participación Popular (MPP), anunció que impulsará un juicio político a los miembros de la SCJ.
También la semana pasada, el máximo tribunal declaró inconstitucional una ley impulsada por el oficialismo que pretendía evitar la concentración de la tierra en el país, y el 15 de este mes trasladó a un juzgado civil a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo medio centenar de expedientes relacionados con la última dictadura.
| Agencia DPA y Ámbito Financiero |
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