Piñera toca el botín sagrado del presupuesto para armas

Dicen que la tercera es la vencida. También en Chile, porque el Gobierno de Sebastián Piñera promueve en estos días la derogación de la Ley Reservada del Cobre, algo que intentaron, pero sin éxito, sus antecesores Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

La anulación de esta ley, que en La Moneda creen tendría ahora un clima propicio en el Congreso, traerá un cambio trascendental para las FF.AA., que no sólo dejarían de percibir el 10% de la exportación de la estatal Codelco para financiar la compra de armamento, sino que sus gastos -y por ende, su maniobrabilidad política- pasarían, en el futuro, a ser controlados por el Legislativo y administrados por Hacienda.

Curioso resultaría que justamente un Gobierno de centroderecha, como el de Piñera, se enrostrase el trofeo de recortarle el diezmo sobre las exportaciones de cobre que ingresan a las arcas militares desde 1958, cuando el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo dictó la Ley 13.196 (originalmente fue del 15%).

Sin rendición

Esta elástica prerrogativa -no obligaba a rendir cuentas-, puso a disposición de las FF.AA durante la última década cerca de 7.700 millones de dólares para invertir en armamento (en Sudamérica, son las que más armas compraron en relación con el PBI y la población).

«Reservada», es decir, secreta, la Ley del Cobre fija un piso mínimo de aportes anuales desde Codelco (cercano al cuarto de billón de dólares), independiente de si había ganancias o no, que en los últimos años, con el alza del precio mundial del metal, le permitió acumular excedentes por 3000 millones de dólares.

Los ingresos por cobre eran administrados por el Consejo Superior para la Defensa Nacional (Consudena) hasta hace pocas semanas, cuando fue disuelta, y estos fondos pasaron a Hacienda, después de un escándalo por la compra (reservada) de un puente colgante, que terminó, además, con la salida de Jaime Ravinet de Defensa y su reemplazo por Andrés Allamand.

«La del Cobre es ineficiente como mecanismo de asignación de recursos y, además, muy poco transparente al control político», dijo a este diario, desde Santiago de Chile, Guillermo Pattillo, jefe de asesores del ministerio de Defensa.

Pattillo, un economista que integró los equipos de campaña piñeristas y está al frente de la asesoría de la Cartera desde el primer día de gobierno, anticipó que en el proyecto a presentar al Congreso antes de abril, «el financiamiento a través del impuesto a las ventas al exterior de Codelco se termina completamente», y que el nuevo esquema se regirá por el planeamiento a largo plazo, de entre 10 y 12 años.

«Esos programas derivarán de la Estrategia de Defensa Nacional que el Gobierno está desarrollando y, por lo tanto, al final, el equipamiento de las Fuerzas Armadas, y más en general, el tipo de Fuerzas Armadas que el país tendrá, serán consecuencia directa de lo que la autoridad civil determine», señaló.

La reforma contempla, asimismo, otro aspecto. Es el de los «excedentes» (o saldos transitorios de caja) de 3000 millones de dólares acumulados, aportados por el cobre, que hoy pasaron a integrar el Fondo de Contingencia Estratégica (FCE) que es, en realidad, el tercero de los fondos de riqueza soberanos manejados por el Estado chileno (se agrega al Fondo de Reserva de Pensiones de 3000 millones de dólares creado en 2006 y al de Estabilización Económica y Social de 12.000 millones de dólares, del año 2007). «Las directivas de inversión del FCE serán una responsabilidad compartida entre los ministerios de Defensa y Hacienda», agregó este funcionario, «para adquisiciones de equipos e infraestructura de las FF.AA.», dijo.

Transparencia

«Esta nueva manera de gestionar los recursos generados por los ingresos transitorios de Defensa respecto a su gasto permanente permitirá reducir el riesgo de ese portafolio y aumentar su rentabilidad y, a la vez, mejorar la transparencia de las inversiones financieras del sector», termina Pattillo.

Por último, en Chile, expertas como Valeria Ibarra aseguran que la derogación de la Ley del Cobre traerá beneficios para la misma Codelco, que por estar asociada a las FF.AA. vio frustradas sus inversiones en otros países, como cuando a mediados de los 90 quiso adquirir el 49% de la peruana Minera Los Andes, o cuando buscó aliarse con YPF en 1995 para explorar en conjunto, el proyecto binacional de Pascua Lama.