La jefa del Bloque Peronista de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños, presentó ayer dos proyectos de ley que apuntan a corregir asimetrías detectadas en el proceso de traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los anhelos del macrismo que encuentra resistencia entre jueces y empleados judiciales. Con la mira puesta en "garantizar los derechos laborales de los magistrados, funcionarios y empleados", las iniciativas se dirigen a igualar el proceso de remoción de los jueces, uno de los ítems más cuestionados como informó Ámbito Financiero acerca de los principales obstáculos para la transferencia de los fueros penales y laborales, el primer objetivo. Muiños propuso una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad, con el fin de especificar en su artículo N° 13 que "las remuneraciones se liquidarán de manera uniforme dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manteniendo el derecho de igual remuneración igual tarea". De esta forma se equipararían salarios. Hoy la Justicia nacional cobra sueldos superiores (jueces) pero en la Ciudad, los empleados tienen mayor rango de ingresos, lo que crea un desequilibrio. En cuanto al régimen disciplinario, la legisladora sugirió cambiar "el voto de seis de los miembros del jurado como mínimo, si correspondiera destituir al acusado", y no de 5 como se necesita en la actualidad, según el artículo 28 de la Ley 54 de Jurado de Enjuiciamiento. De esta manera, se igualarían las garantías en ese proceso.
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