Polémica: retoma Mendoza plan de industria minera

Francisco Pérez

Mendoza - El Senado mendocino comenzará hoy a debatir el permiso de impacto ambiental para los proyectos mineros de Hierro Indio y Cerro Amarillo, discusión que generará avales y rechazos en la provincia.

Se espera que para el debate que liderará la Comisión de Hidrocarburos, Minería y Energía de la Cámara alta local expongan el ministro de Tierras y Ambiente, Guillermo Elizalde; y el de Energía, Marcos Zandomeni, y representantes del Departamento General de Irrigación y del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), entre otros.

Hierro Indio es un proyecto para realizar la explotación de hierro que se encuentra a 55 kilómetros de la ciudad de Malargüe, en el que se estima una inversión inicial de un millón de dólares y el empleo, de manera directa, de 30 personas.

Uno de los puntos en los que los funcionarios deberán exponer en detalle para esta iniciativa será la utilización de agua de la cuenca del Atuel: es que Mendoza se enfrenta con La Pampa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la utilización de este río.

No obstante, este tema aparecería más tarde, una vez activados los trabajos, ya que ambos proyectos tienen tres fases: prospección, exploración y explotación. En el informe ambiental presentado por Hierro Indio, recién en la etapa exploración comenzaría la utilización del agua.

En tanto, Cerro Amarillo se encuentra a 60 kilómetros de la ciudad de Malargüe e involucra la explotación de cobre. Para el proyecto se estima una inversión inicial de 10 millones de dólares y la contratación directa de 100 personas.

En sintonía con el debate que se avecina, el senador radical Alejandro Molero -conocido por estar en contra de la explotación de yacimientos mineros- presentó otra iniciativa de ley para que Mendoza derogue la Ley 6.090 -por la que la provincia adhirió al "Régimen de Inversiones Mineras"- para que el distrito que gobierna el mandatario justicialista Francisco "Paco" Pérez tenga la potestad de fijar las regalías, impuestos y otras condiciones que no permitidas en la actualidad.

Si la tarea de exploración da resultados positivos, se deberán presentar nuevos estudios de impacto ambiental que se debatirán en audiencias públicas. De ser aprobados, éstos volverán a la Legislatura para que sean ratificados por ley.