Polémico reclamo para ampliar investigaciones por represión

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Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos visita desde hace un mes a las autoridades de los tres poderes con el objetivo de presentarles un pliego de reclamos para acelerar los juicios a los civiles y militares acusados de cometer delitos en la represión clandestina de las guerrillas en la década de los años 70. La última visita la hicieron al Consejo de la Magistratura, donde expusieron sus demandas y dejaron un escrito que las resume. Con un hermetismo que se explica, como se verá, por la letra del documento, los dirigentes de esas organizaciones -entre las que no está la asociación Madres de Plaza de Mayo, que conduce Hebe de Bonafini- pidieron que se desalojase la sala del Consejo en donde charlaron con algunos de sus integrantes. El objeto era impedir que la prensa tomase conocimiento del documento, una inocentada que expresaba, además, un desapego hacia el público que debe conocer estas posiciones que toman organizaciones sobre asuntos de interés público.
El documento presentado, entre otros, a Cristina de Kirchner y a cuyo texto accedió este diario, resume los argumentos en favor de destrabar los juicios por esos delitos aberrantes habilitando nuevos juzgados y disponiendo medios materiales para que avancen los juzgamientos. También reclama protección a los testigos que declaren en las causas, para que no sufran acosos o, como ocurrió presumiblemente con el caso de Julio López, sean víctimas de venganzas.
El documento avanza en demandas que parecen apartarse de lo judicial cuando pide que se divulguen los listados del personal de inteligencia, militares, policías y penitenciarios que desarrollaron tareas de todos los servicios en el período de las causas que se investigan. La investigación, según este reclamo, abarcaría a todos los funcionarios que actuaron en esos años, delincuentes o no, responsables de delitos aberrantes o no. La sola pertenencia a las Fuerzas Armadas y de seguridad se convertiría en una condición incriminante y los investigados estarían obligados a demostrar su inocencia. Seguramente hubo funcionarios de esas fuerzas que no cometieron delitos, pero que actuaron dentro de la legalidad vigente -que no permitía robar niños ni hacer desaparecer personas-.
En otro pedido resbaladizo y que invertiría la causa de la prueba y crearía el delito de pertenencia a un Gobierno o a una actividad, reclama que la Justicia impulse «la persecución de los civiles que participaron en el Gobierno o fueron ideólogos o cómplices de la dictadura o que, desde sus empresas, actuaron en connivencia en su propio beneficio». Este reclamo inventa un nuevo delito, de comisión difusa y que podría comprometer a miles de personas, muchas de ellas con vigencia hoy en la vida pública y con actuación hasta el día de hoy en los tres poderes del Estado o en la vida empresarial.
En otro párrafo del documento se reclama una reforma judicial que, según expertos, hasta requeriría un cambio de la Constitución: unificar los juicios por zona, cadena de comando, circuito y centro clandestino. «La unificación ideal debería realizarse bajo los principios de un juicio por cada jurisdicción, y en cada jurisdicción un juicio, a fin de permitir que cada comunidad en que exista un Tribunal Federal pueda ser reparada mediante el desarrollo de su propio juicio». Menos mal que el documento dice que este tipo de unificación es «ideal», porque en ningún código está dicho que los juicios deban sujetarse a criterios espectaculares como ése de que cada ciudad tenga su juicio a modo de una asamblea popular.
Raro que una organización como Abuelas de Plaza de Mayo, que se ha diferenciado siempre de las algaradas de la incontinente Hebe de Bonafini, avance con tan poco tino en una tarea que se le ha reconocido, como recuperar a hijos y nietos de desaparecidos víctimas del costado más aberrante de la represión clandestina. El documento lo firman también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora de María de Vásquez, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio Paz y Justicia de Adolfo Pérez Esquivel.
Conceptos salientes
Aquí los párrafos más importantes del documento:
c Seriamente preocupados por el desarrollo de los juicios contra responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado y convencidos de que difícilmente podrá realizarse la justicia que todos y todas anhelamos sin la activa participación de todos los poderes que conforman el Estado nacional, solicitamos se elabore urgentemente una «estrategia estatal para el logro de un procedimiento adecuado para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad», sugiriendo su realización con la participación de todos los sectores involucrados.
c Por eso es imprescindible: la apertura de todos los archivos existentes y la reconstrucción de los que hubieran sido destruidos. Divulgar la nómina del personal que desarrolló tareas en todos los Servicios de Inteligencia y demás reparticiones y Fuerzas Armadas y de seguridad incluyendo el Servicio Penitenciario Federal. Prohibir la destrucción de toda la documentación de los registros estatales producida durante el terrorismo de Estado.
c Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos fueron cometidas con el propósito de desarrollar un proyecto político y económico. Junto al enjuiciamiento de los autores materiales debe impulsarse la persecución de los civiles que participaron en el Gobierno o fueron ideólogos o cómplices de la dictadura o, que desde sus empresas, actuaron en connivencia en su propio beneficio.
c Distintas medidas podrán adoptarse para simplificar el procedimiento, entre otras: cumplimiento estricto por parte de la Procuración de las sanciones hacia los fiscales que no cumplan con sus instrucciones. Nombrar, en juzgados y fiscalías, a magistrados y funcionarios especializados, con antecedentes en la materia y con reconocido compromiso con los derechos humanos. Arbitrar los medios legales y administrativos necesarios para garantizar que los jueces y fiscales intervinientes en causas por delitos de lesa humanidad no hayan tenido vinculaciones con las Fuerzas Armadas y/o de seguridad, ni con Servicios de Inteligencia, ni con el Servicio Penitenciario Federal.
c Perseguir la máxima acumulación de los procesos bajo los siguientes criterios: evitar la existencia de juicios por casos particulares. Impulsar durante la instrucción el criterio de unificación por zona, cadena de mando, circuito y centro clandestino y/o la mancomunión de todos ellos cuando sea posible. Asimismo, evitar el desmembramiento de las causas en el momento de la elevación a juicio oral. La unificación ideal debería realizarse bajo los principios de un juicio por cada jurisdicción y en cada jurisdicción un juicio, a fin de permitir que cada comunidad en que exista un Tribunal Federal pueda ser reparada socialmente mediante el desarrollo de su propio juicio.
c Los juicios contra el terrorismo de Estado son necesarias formas de reparación histórica. Su publicidad debe ser total y facilitada por el Estado, salvo que los testigos soliciten expresamente que su imagen no sea registrada ni difundida masivamente. El Estado debe facilitar a las víctimas y a sus abogados los documentos reservados, permitiéndoles el acceso a la información útil al desarrollo de las querellas.

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