Policía municipal, otro factor crítico Scioli-K

Daniel Scioli, Nilda Garré

Es el frente más sensible. O, al menos, sobre el que el kirchnerismo descarga su furia para prevenir movimientos autónomos de Daniel Scioli. La seguridad, razón de varias crisis entre el gobernador y la Casa Rosada, volvió ayer a irrumpir en escena.

Apareció de un modo no del todo convencional: Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema, emitió opiniones y dictámenes sobre la Policía Bonaerense y hasta propuso como solución la municipalización de la fuerza que consideró «difícilmente manejable».

En una entrevista con el diario El Atlántico, de Mar del Plata, Zaffaroni se refirió a la complicación para «controlar» a la Policía de Buenos Aires, en parte por su dimensión -50 mil efectivos- y volvió sobre la idea de ceder el manejo de la fuerza a los intendentes.

En la práctica, implicaría «desprovincializar» la Bonaerense al derivar la llamada Policía de Seguridad -es decir, la fuerza de calle- hacia los municipios para que estén, en cada territorio, bajo el control político y administrativo de los jefes comunales.

Esto, según Zaffaroni -a quien se le atribuyen empatías con la ministra de Seguridad Nilda Garré que ha sido muy crítica de la gestión de Scioli y del ministro Ricardo Casal-, «permitiría un mejor control de la comunidad sobre la Policía porque tenés más inmediación con la autoridad local».

En concreto, el plan de Zaffaroni está en línea con lo que ha planteado León Arslanian y, desde otra trinchera, solicitó un grupo de intendentes: que se traspase la policía de calle a los distritos y permanezcan, en la órbita provincial, una policía de investigación, y para atender los casos complejos.

Modelos

En la actualidad, en un puñado de distritos bonaerenses existe la Policía Comunal, modelo que se aplica -optativamente- en municipios con menos de 70 mil habitantes y consiste en darle cierto manejo administrativo de la fuerza, por caso el pago de sueldos, a los intendentes.

Sin embargo, ese sistema no toca la fibra central: los jefes policiales responden a la jefatura central de Policía por lo cual el modelo de seguridad o los esquemas de lucha contra el delito se aplican, verticalmente, a partir de lo resuelto por el ministro y el jefe de la Bonaerense.

Durante su mensaje a la Asamblea Legislativa, al asumir el 12 de diciembre pasado, Scioli prometió enviar un proyecto de Policía Municipal que, en teoría -el texto no está o al menos no se conoce- iría más en el sentido de una Policía regulada por los intendentes.

Hay, de hecho, un proyecto con estado parlamentario en la Legislatura bonaerense, presentado por el senador Jorge DOnofrio, que propone la creación de policías municipales cuyo control administrativo y político dependa de los alcaldes y que tenga, incluso, personal procedente de esas mismas localidades, aunque formado en la Escuela Vucetich.

Esa iniciativa está a la espera de tratamiento y fue invocada, a mitad del año pasado, por un grupo de ocho intendentes, entre ellos Sergio Massa de Tigre, Pablo Bruera de La Plata y José Eseverri de Olavarría, como parte de un reclamo para que la provincia instaure la policía municipal.

Ese foco rebelde luego se desintegró a pesar de lo cual la demanda de contar con policía municipal se convirtió en un reclamo casi uniforme de los intendentes que hacen, hace años, una objeción: son el fronting a los reclamos de seguridad pero no pueden intervenir en las políticas antidelito.

Objeciones

La crítica que se ha hecho repetidamente a los gobernadores, desde Eduardo Duhalde hasta la actualidad, es que no quieren ceder el manejo de su fuerza de seguridad porque eso implicaría perder poder efectivo sobre el control de la provincia. Es decir: ceder un resorte esencial.

Zaffaroni exploró, elípticamente, este planteo. «Las policías son las que dan los golpes de Estado desestabilizantes» dijo y ejemplificó: «El último empujón a De la Rúa, se lo dio la Policía; Duhalde tuvo que salir antes de tiempo por Kosteki y Santillán, y no sé Felipe Solá».

«Por eso es que es un peligro político la Policía», afirmó Zaffaroni y transitó por un criterio dual: el Gobierno nacional se negó a traspasar la Policía Federal a la Capital mientras que, por otro lado, sugiere que entre otras policías, la Bonaerense, se transfiera a las comunas.

Fue más lejos: especificó que no podría hacerse en todos los municipios del país lo mismo y que, naturalmente, debería aplicarse acompañada por una transferencia de fondos de los Estados provinciales a los distritales. El caso se repite: la Nación no quiso transferir fondos a Mauricio Macri.

La base teórica de Zaffaroni es la siguiente: en el modelo argentino perdura el mecanismo de la «Policía de ocupación territorial» y debería pasar a una «Policía de inserción comunitaria» porque las primeras tienen «ámbitos de recaudación autónoma y atomizadas de las decisiones de la autoridad política».

El cortesano dejó otras impresiones. «Al intendente hay que darle las mismas facultades que tiene el gobernador para que maneje su Policía» porque «cuando la gente va a reclamar seguridad, se la reclama a su intendente, que no maneja a la Policía, y por ende qué seguridad le puede prever».

Se refirió, además, específicamente a la Policía Bonaerense. «Es difícilmente manejable, aunque lo pongas al frente a San Francisco de Asís, porque se descontrola, porque hay muchos intere-ses en juego, porque hoy tenés miles de tráficos ilícitos, que ofrecen cantidades de dinero».

Y agregó: «Hay un problema de tipo estructural. Es mucho más fácil manejar una Policía de 3 mil personas, que una de 50 mil».