Policías: familiares toman la Gobernación

Durante la manifestación en la Casa de Gobierno de Neuquén, los policías pasaron comida a sus mujeres por una ranura de la puerta central.

 Neuquén - Familiares de policías que fueron sumariados y exonerados por buscar, entre otros ejes, sindicalizarse, ocuparon desde la noche del martes y hasta ayer por la tarde el hall de la Casa de Gobierno, medida que finalizó tras el compromiso de la gestión de Jorge Sapag de dar una respuesta la próxima semana a un petitorio entregado por los allegados de los efectivos al subsecretario de Seguridad local, Gustavo Pereyra.

La protesta comenzó cuando 30 mujeres ingresaron en el hall de Casa de Gobierno, en la noche del martes último, para pedir una audiencia con representantes del Poder Ejecutivo. Tras la falta de respuestas, los familiares de los policías se quedaron dentro del edificio.

"Por una orden se complicó todo, y a las 4.20 de la madrugada agredieron a las mujeres" aseguró Sergio Arregui, uno de los tres efectivos exonerados -el lunes 23 de septiembre- de la fuerza de seguridad por el intento de formar el sindicato Sinpope.

También fueron despedidos de la Policía, junto a Arregui, Cristian Segura y Maximiliano Serrano. Durante el proceso administrativo, el fiscal -comisario- Miguel Ángel Riu pidió la expulsión de los efectivos por considerar la actividad sindical en la fuerza de seguridad como ilegal. "Estamos peleando por los derechos que debemos tener", fue la defensa de los agentes.

Después de un cónclave que se realizó por la tarde entre las mujeres de los policías y Pereyra, las partes quedaron en juntarse la semana próxima, donde recibirán una respuesta sobre el petitorio que le entregaron.

Entre los pedidos aparecen la "reincorporación de los 15 despedidos de la comisaría Tercera y que se anulen los expedientes creados desde diciembre a la fecha por persecución de la jefatura de la Policía". Además reclaman que se pase a cesantía -en vez de exoneración- los casos de Arregui, Serrano y Segura, entre otros puntos.

Arregui destacó: "La fecha límite será el 8 de octubre. Nosotros ahora estamos levantando el campamento pero analizaremos las medidas sujeto a cómo el Gobierno vaya tratando el tema".