Portazo del fiscal que investigaba al Gobierno

Manuel Garrido

El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, renunció ayer a su cargo, luego de meses de tensas relaciones con su superior, el procurador general de la Nación, Esteban Righi. El fiscal elevó a su jefe un escrito muy duro de 21 carillas, en el que rechazó de manera terminante la medida dispuesta en noviembre pasado por el jefe de fiscales, que precisaba las atribuciones de Garrido y limitaba su actuación en casos de problemas de competencia con los fiscales federales.
El responsable de la FIA señaló que la decisión tomada por el procurador «va contra las normas internacionales en la materia». El escrito se divide en dos planos: en la primera parte, critica la resolución del procurador, mientras que en la segunda realiza una evaluación de la situación en la que se encuentran las investigaciones contra la corrupción. «Habiendo transcurrido suficiente tiempo desde el dictado de la Resolución 147 de la Procuración General de la Nación para evaluar sus consecuencias, habiendo finalizado mi tarea como presidente del jurado del concurso Nº 60 y habiendo culminado las investigaciones preliminares que a esa fecha estaban próximas a concluir, me dirijo a Ud. con el objeto de renunciar al cargo de fiscal nacional de Investigaciones Administrativas para el que fui designado por el decreto 1061/2003 del entonces Presidente de la Nación y que tuve el honor y el orgullo de desempeñar durante los últimos cinco años», señala el escrito que, hasta ayer a la tarde, según la Procuración, todavía no habían recibido.
En un escrito muy duro con el procurador general, Garrido desarrolla los argumentos de por qué consideró un gravísimo error la determinación de Righi, para luego afirmar que «el cambio de rumbo que ahora se viene a consagrar deja mi gestión al garete, condenando a la FIA a un rol casi intrascendente». La Resolución 147 firmada por Righi establece, por ejemplo, que el titular no puede intervenir en procesos iniciados por otros fiscales, lo que antes no estaba estipulado si podía hacer o no. «La Resolución 147 ha implicado pisotear el trabajo desarrollado por el suscrito en estos cinco años -continúa Garrido-, y retrotrae la situación del organismo al letargo preexistente a mi gestión». En este punto, Garrido se refiere a la gestión del anterior titular de la FIA, Néstor Pinzón, que entre 1995 y 2003 presentó sólo cuatro denuncias, y cuyo cargo Garrido ganó por concurso, tras la muerte del antiguo fiscal. Entre 2004 y 2007 se presentaron 40 denuncias judiciales de hechos de corrupción y se recibieron 1.087 denuncias, mientras que entre 2000 y 2003 sólo habían llegado al organismo 231.
Debate
Hacia el final del documento, el fiscal señala su deseo de que «su paso al costado» contribuya a una «discusión franca y desinhibida acerca de las funciones y competencias adecuadas de los órganos de control», así como destaca que este debate se tiene que dar más allá de las personas a cargo de la FIA y el Gobierno, y de la campaña electoral de este año. Garrido se despide con una nota que resuena a decepción, al pedir disculpas a la ciudadanía «por los errores que seguramente he cometido y por no poder superar ya más este cansancio de correr en la dirección contraria».
Ese «recorte» destrozado por Garrido en su renuncia fue también lo que generó el enfriamiento de la relación entre ambos, luego de que el fiscal saliera a denunciar un recorte de sus funciones, a partir del que iba a «haber más corrupción en la Argentina», y que toda la oposición y gran parte de la prensa se sumara a las críticas. La polémica decantó en un comunicado del procurador, quien le pidió que se abstuviera de «realizar campañas de promoción personal de su rol en la lucha contra la corrupción». A partir de ese momento, el diálogo fue inexistente. Si bien Garrido consideró renunciar en noviembre, finalmente decidió terminar primero las investigaciones que tenía ya avanzadas, antes de dar el portazo.
Pero la disposición del procurador, en realidad, fue sólo el disparador dentro de la coyuntura. Ex director de la Oficina Anticorrupción, y habiendo pasado más de la mitad de su carrera investigando casos que terminan estancados en la Justicia, desde el entorno del titular de la FIA aseguran que está cansado de impulsar un trabajo que queda en la nada. A la frustración que este tipo de procesos puede generar en una país con la debilidad institucional como la Argentina, se habría sumado la propia personalidad del fiscal, alumno de honor con una carrera brillante por delante, cuando se recibió en la Universidad de Buenos Aires con un promedio de 9.53, autoexigente, obstinado y enérgico, que habría terminado decepcionado del sistema, así como de las posibilidades que tenía de moverse dentro de él. El año pasado, ya se le notaba algo de ese desencanto, al afirmar que, hasta ese momento, únicamente había logrado que «muchos abogados cobraran más honorarios y jueces corruptos subieran su precio».
Investigaciones
En medio de rumores sobre su renuncia, el titular sacudió el aletargado verano judicial con una serie de investigaciones que presentó a la Justicia, como la denuncia por el presunto pago fraudulento $ 54 millones por parte del Ministerio de Economía al grupo de aseguradoras Accolade Pool (que devino en una profunda investigación en el sector de legales de la cartera sobre numerosas y millonarias demandas contra el Estado); la denuncia por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por presunta «aceptación de dádivas»; una acusación contra varias empresas contratistas del Estado por supuestas «facturas truchas» (para ocultar supuestos sobornos). Las últimas dos las presentó la semana pasada ante la Justicia y recién ayer fueron publicadas en el sitio de la Fiscalía: una contra los seis de los siete auditores de la AGN, por supuesta «falsedad y de usurpación de funciones públicas y desobediencia a las autoridades» (a cargo del juez Sergio Torres), y otra contra la empresa Electroingeniería y funcionarios de la Secretaría de Energía, por presunta administración fraudulenta, por supuestos sobresueldos en la construcción de la red de tendido de alta tensión en Santa Cruz (investigación que había sido impulsada por representantes de la Coalición Cívica). La hiperactividad del verano se correspondió con una gestión que será difícil de igualar, sobre todo ahora que un cargo históricamente conflictivo con los diferentes gobiernos queda vacante para ser ocupado por alguien más cercano al kirchnerismo. En sus nueve años en la OA y en la FIA, Garrido denunció a más de un centenar de funcionarios menemistas, aliancistas y kirchneristas.
El actual Gobierno se vio vapuleado especialmente en los últimos años por el fiscal, quien emprendió causas contra Néstor Kirchner, Julio De Vido, Enrique Albistur. También impulsó investigaciones por causas como Skanska; la intervención en el INDEC contra el secretario de Comercio, Guillermo Moreno; contra la ex ministra de Economía Felisa Miceli, por la bolsa con dinero encontrada en su baño; contra el vocero presidencial, Miguel Núñez, por irregularidades con sus autos; contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por irregularidades en la remodelación de locomotoras; contra el jefe del Ejército, Roberto Bendini, por malversación de fondos en las Fuerzas Armadas mientras era comandante en Santa Cruz; contra el ex secretario general de la Presidencia Alberto Kohan por enriquecimiento ilícito y contra el ex presidente Menem y el ex gobernador de Salta Juan Carlos Romero, por lavado de dinero durante la campaña presidencial en la que se impuso Kirchner, entre otras.
Mientras anoche la Procuración todavía guardaba silencio sobre la renuncia, representantes de la oposición como el titular del bloque de senadores radicales, Ernesto Sanz, y el titular de diputados de la CC, Adrián Pérez, salieron a respaldar al fiscal saliente y a mostrar su preocupación por el desgaste y retraso que su renuncia puede provocar en los que investigan al poder.