Preocupación por cárceles bonaerenses

 Buenos Aires - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó ayer su «preocupación por la situación de las personas privadas de libertad» en cárceles y comisarías bonaerenses, al destacar que no tiene sentencia firme entre 70 y 80 por ciento de los detenidos, lo cual significa uno de los niveles «más elevados en toda América Latina».
Así lo informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tras una audiencia que a su pedido se realizó en Washington, de la cual participaron representantes de ese organismo y autoridades argentinas.
Para el CELS, hay «una práctica estatal sistemática de violación de derechos humanos contra un grupo específico de la población, las personas privadas de libertad en la provincia de Buenos Aires».
En ese marco, denunció «condiciones de hacinamiento y sobrepoblación en las cárceles bonaerenses, las situaciones estructurales de torturas y malos tratos y la utilización ilegal de dependencias policiales para alojar personas».
De la audiencia participaron, además, el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, y la subsecretaria de Política Criminal, María Pía Leiro.
Ayer Casal fue parte de una reunión convocada por el Departamento de Seguridad Pública de la OEA, donde justamente expuso sobre la situación carcelaria en la provincia.
Allí hizo hincapié, según fuentes de esa cartera, en la construcción de alojamientos para detenidos y en el nuevo modelo de edificación llamado «alcaidías departamentales», que, indicaron, reemplazará a los calabozos de comisarías.
«Estas construcciones, que presentan una edificación amigable y serán conducidas por un abogado seleccionado por concurso público, tienen el doble propósito de descomprimir los calabozos de las comisarías y permitir que los agentes policiales queden disponibles para realizar tareas de prevención del delito en forma directa», destacó Casal.