- ámbito
- Edición Impresa
Prescribe causa contra opositor
Oscar Aguad
El máximo tribunal dejó sin efecto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Corrientes y mandó dictar una nueva sentencia acorde con su decisión a favor de la prescripción de la acción penal.
La Justicia correntina había procesado a Aguad por supuesta "administración infiel" de la ciudad de Corrientes entre 1999 y 2001. Fue en 2009, cuando era presidente de la bancada de diputados de la UCR.
El eje del expediente fue la toma supuestamente irregular de un crédito de 60 millones de pesos-dólares que Aguad realizó cuando estaba al frente de la Municipalidad de la capital correntina.
El procesamiento había sido firmado por la jueza Laura Varela, que también decidió procesar a otros dos exfuncionarios de la intervención federal que gobernó la provincia de Corrientes en el período 1999-2001, durante la administración de Fernando de la Rúa.
Además de Aguad también fueron procesados Ramón Darwich, exministro de Hacienda de la intervención federal y Fidias Mitridiates Sanz, secretario de Hacienda municipal.
Canje de bonos
El crédito se tramitó cuando Ramón Mestre, ya fallecido, era interventor federal en Corrientes y Aguad interventor en la Municipalidad de la capital. En esa oportunidad, los 60 millones fueron canjeados en su totalidad por bonos Cecacor (certificados de cancelación de deudas).
Según el denunciante, Rodolfo Amílcar Paladini, Aguad debía responder por el presunto desvío del crédito. Primero fue procesado pero luego, tras más de 10 años desde el inicio de la acción penal, la Cámara correntina declaró la prescripción.
Este sobreseimiento fue revocado en 2012 por el Tribunal Superior provincial, lo que originó el recurso de la defensa de Aguad integrada entre otros por el exdiputado Ricardo Gil Lavedra.
La Corte, citando un antecedente de 10 años atrás, se pronunció a favor de la extinción de la acción.
El fallo del máximo tribunal fue firmado por su presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni.
En el antecedente citado por la Corte -el llamado caso Egea, Miguel-, se sostuvo que el imputado tiene derecho a obtener un pronunciamiento que ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y restricción a la libertad que comporta el enjuiciamiento penal.
Este tipo de sentencias son determinantes porque suele tener como consecuencia un efecto expansivo especialmente en el fuero federal donde las demoras son mayores.
Dejá tu comentario