«Estamos de acuerdo con los objetivos de reindustrialización y de defensa de la economía argentina, pero creemos que algunos de los métodos que se están empleando están equivocados, y se lo hacemos saber al Gobierno en cada oportunidad que resulta pertinente», dice José Ignacio de Mendiguren, titular de la central fabril.
Estas definiciones, sin embargo, mal ocultan el malestar que provoca en la UIA el silencio de otras agrupaciones patronales. De Mendiguren se niega de plano a hablar de sus pares de otras cámaras, pero no hace falta rascar muy por debajo de la superficie para escuchar a los industriales decir que:
El listado es necesariamente incompleto, y en él podrían estar incluso cámaras que forman parte de la UIA, cuyas industrias atraviesan graves dificultades por la falta de insumos importados y la caída en el mercado interno.
Cabe recordar que la UIA era una de las entidades que conformaban el Grupo de los Seis, junto con Comercio, Construcción, la Bolsa, los bancos de ADEBA y la Sociedad Rural. El Grupo de los Seis no se reúne hace más de un año, y a todos los efectos ha dejado de existir.
Según trascendió, los máximos directivos de éstas y otras asociaciones mantienen constantes contactos reservados; todos comparten la preocupación por la marcha de la economía, pero ninguno de ellos se atreve a hacerla pública. Los escarmientos que suele hacer tronar la Presidente los han disuadido.
La semana pasada la UIA renovó sus pedidos ante el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y su par de Industria, Débora Giorgi, para que se revean las trabas impuestas por la Resolución 142. Este diario había adelantado el 6 de junio pasado el envío y el contenido de esas misivas, que aún no fueron respondidas por los funcionarios.
Allí, es bueno recordarlo, se insiste en la inviabilidad de liquidar en treinta días las divisas obtenidas por las ventas al exterior. El Gobierno había prometido rever la norma, y de hecho lo hizo cinco veces, pero la modificación más importante que se había introducido fue «bajada» por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Ese cambio permitía liquidar los dólares, euros, etcétera 15 días después de su cobro efectivo, pero el poderoso funcionario impidió el cambio y ahora cada empresa debe gestionar por sí misma la excepción a la regla. Así, en el despacho de la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, se acumularían más de 10.000 formularios, de los cuales sólo fueron respondidos menos del 1%.
De Mendiguren declaró que las dificultades para exportar son hoy enormes porque «los compradores no sólo buscan precio sino garantía de que la mercadería va a llegar en el plazo prometido. Si no sucede, la próxima vez le compran a otro».
Y si para empresas como Arcor -que exporta a más de 100 un total cercano a los 1.000 productos- es difícil cargar con el costo financiero de cobrar a 180 días pero liquidar dólares a 30 días como pide la norma, para las pymes que lograron ganar mercados es casi una sentencia de muerte.
Por eso, mañana el Comité Ejecutivo de la UIA sesionará con un tema excluyente: cómo hacer para convencer al Gobierno de revertir esa norma. También se hablará de cuestiones conexas como los problemas con Brasil y un repaso sector por sector de la caída de la actividad.
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