Preso por escuchas ayer se justificó ante juez

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El juez Norberto Oyarbide indagó ayer a quien sería la pieza clave para revelar el episodio de escuchas telefónicas que investiga el magistrado a partir de la denuncia de Sergio Burstein, integrante de la agrupación de Familiares del atentado a la AMIA. Oyarbide ordenó detener, el lunes pasado, al ex agente de la Policía Federal, el abogado Ciro James, quien sería el responsable de retirar casetes con escuchas ordenadas por un juzgado de Misiones, a partir de una orden de un magistrado para producirlas, pero encargadas de forma irregular y con propósitos que ahora se investigan. Anoche, tras la declaración, James era enviado a Marcos Paz para continuar detenido.

Burstein fue involucrado en un expediente por supuesto asesinato como excusa para ser espiado, y habría otros damnificados con el mismo mecanismo.

Otra sospecha

James justificaba anoche ante el juez la presunta legalidad de su pedido de intervención de los teléfonos pero no llegaba a dejar en claro cómo retiró los casetes en poder de la SIDE, después de agosto pasado, cuando ya se había retirado de la Policía Federal.

Se sumó ayer que sobre el imputado recayó una sospecha formulada por legisladores porteños que aseguran tener los teléfonos intervenidos. Las denuncias de la oposición al macrismo apuntaron al ministro de Seguridad de Mauricio Macri, Guillermo Montenegro, pero el funcionario rechazó anoche toda vinculación con James. Se lo relaciona porque James tenía vinculación con el ex jefe de la Policía Metropolitana -la fuerza porteña que debutará a fin de mes- Jorge «Fino» Palacios, procesado actualmente por el juez Ariel Lijo por el presunto ocultamiento de pruebas en la investigación del atentado a la mutual judía.

La pinchadura del teléfono de Burstein habría surgido con la excusa de involucrarlo en una causa de piratas del asfalto, lo mismo que al empresario televisivo Carlos Avila. Supuestamente James pedía al juez de Misiones, Horacio Gallardo, la intervención de los teléfonos sosteniendo que mantenían conversaciones con implicados en el expediente. Ese magistrado tomó licencia y fue reemplazado por José Luis Rey, quien firmó la prórroga para continuar con las escuchas. Como resultado habría unos 400 casetes que Oyarbide quiere revisar y por eso pidió la remisión a su juzgado.

El fiscal federal Alberto Nisman -del caso AMIA-, por su parte, presentó un escrito ante Oyarbide para que le permita tomar conocimiento del expediente iniciado por amenaza y escuchas contra Burstein, con la idea de conocer si se trataba de espiar las conversaciones con el funcionario del Ministerio Público. Aparentemente, de los varios teléfonos que utiliza Burstein, habría sido intervenido el que utilizaba para ocuparse del caso AMIA.

Oyarbide también reclamó el legajo policial de James, quien según los denunciantes del bloque porteño de Aníbal Ibarra, habría dicho que luego de retirarse de la Federal ingresó a trabajar en las dependencias de Montenegro. «El ministro se enteró de la existencia de James por las denuncias, no lo conocía, ni nunca perteneció al área», difundieron los voceros de Montenegro, cuya presencia es reclamada en la Legislatura porteña por los bloques del antimacrismo en relación con otros temas también. El aliado de Pino Solanas, Martín Hourest, replicó que «o viene al recinto o tiene que renunciar».

Burstein
había relatado que una persona llamó para advertirle que «el 'Fino' Palacios le mandó a pinchar el teléfono». Similar declaración formuló ayer el legislador ibarrista Eduardo Epsztein, aduciendo que un persona que conoce del Ministerio de Seguridad supuestamente le advirtió sobre la pinchadura de su teléfono. El mecanismo de escuchar a políticos y también a periodistas no parece sorprender, aunque existen pocas investigaciones en ese sentido para apuntar a los responsables y su móvil. La semana pasada se vio afectada la jueza María Servini de Cubría, quien denunció que en su despacho se encontraban aparatos para grabar sus conversaciones.

Las versiones sobre que «James estaría trabajando actualmente en Asuntos Jurídicos de la Policía Metropolitana», fuerza que comandó Palacios, quien renunció ante las críticas a su designación cuando trascendió que sería procesado, fueron tomadas ayer por un grupo de legisladores de la Ciudad para pedir la interpelación de Montenegro.

Confirmación

Por otra parte, desde la secretaría del juzgado de Misiones se habría confirmado que existió la orden de intervención telefónica en torno a un asesinato ocurrido en 2005 y que esa orden se habría ratificado el 2 de setiembre para seguir escuchando a Burstein.

En una conferencia de prensa de la que participaron los legisladores Ibarra, Juan Cabandié (kirchnerismo), Hou-rest, Epszteyn, Patricia Walsh (izquierda) y entre otros, Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), se pidió la citación del ministro porteño y se denunció que existen «elementos para sospechar que estamos ante el comienzo de una red de escuchas telefónicas ilegales realizadas por un ex policía vinculado a 'Fino' Palacios y al Gobierno de Macri».

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