Presupuesto: volver a la Constitución

Por primera vez desde 1983, el Gobierno va camino a incumplir este año lo que establece la Constitución en materia presupuestaria. Esto sucede sin que medie ninguna conmoción política o crisis económica.

En el artículo 75, la Constitución nacional atribuye al Congreso la aprobación del presupuesto anual de gastos y el cálculo de recursos de la Administración Nacional. Con el retorno de la democracia, año tras año, el Congreso sancionó las leyes de presupuesto correspondientes para cada ejercicio fiscal, aunque no siempre en las fechas previstas por el marco legal.

En algunos casos, las demoras convirtieron la sanción de la ley en un acto más convalidatorio que presupuestario. En los ochenta, años de alta inflación, la sanción del Presupuesto se estiraba casi hasta el final del ejercicio, con ingresos y gastos prácticamente ejecutados; más recientemente, en 2002, la crisis afectó la sanción del Presupuesto, que se concretó luego de más de dos meses de iniciado el año. Pero más temprano o más tarde, desde 1984 en adelante, el Congreso siempre intervino formalmente para dar su aprobación a los recursos y gastos del Estado nacional.

Decretos

Para el ejercicio 2011, el Poder Ejecutivo presentó en septiembre del año pasado el proyecto de ley de presupuesto, pero luego de algunas escaramuzas parlamentarias en la Cámara de Diputados, el partido gobernante abandonó la negociación, y suplió la falta de una ley con dos decretos presidenciales del 22 de diciembre de 2010. El primero de ellos, el decreto simple 2.053/2010, dispuso la vigencia para 2011 del Presupuesto aprobado por la Ley 26.546 para 2010, ajustado de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera, que indica que en ausencia de un presupuesto aprobado, regirá el del año anterior sujeto a ciertas modificaciones.

En forma complementaria, el decreto de necesidad y urgencia 2.054/2010 le dio vigencia a una gran parte de los artículos que el Ejecutivo había incluido en el malogrado proyecto de presupuesto 2011, a través de 29 disposiciones complementarias. Entre otras medidas, se incluyó la autorización para contratar obras plurianuales por $ 5.600 millones; un esquema de compensación para los déficits tarifarios de Yacyretá; la capitalización del BICE; autorizaciones para realizar operaciones de crédito público; la autorización para gastar u$s 7.600 millones en el llamado «programa de inversiones prioritarias» y para otorgar avales por hasta u$s 18.180 millones; la utilización de u$s 7.504 millones del BCRA para cancelar vencimientos de la deuda pública y la posibilidad de importar hasta 3.500 millones de litros de gasoil exentos de impuestos. Con los dos decretos, el Ejecutivo inició en enero el ejercicio 2011.

El Presupuesto 2010 aprobado por el Congreso a través de la Ley 26.546, ahora prorrogado para 2011, estableció un total de gastos para la Administración Nacional de $ 273.129 millones. Mediante el uso de superpoderes y decretos de necesidad y urgencia, ese monto se elevó a $ 321.197 millones al fin del ejercicio 2010.

En el proyecto de presupuesto enviado al Congreso, el Ejecutivo solicitaba autorización para 2011 por un total de gastos de $ 372.911 millones, que finalmente se convirtieron en $ 380.389 millones cuando el jefe de Gabinete puso en ejecución el Presupuesto del año basado en los decretos 2.053 y 2.054 antes mencionados. En la actualidad, el Presupuesto vigente para gastos corrientes y de capital se elevó a $ 381.781 millones.

Incrementos

En síntesis, desde que el Congreso intervino por última vez en materia presupuestaria, el Ejecutivo incrementó el Presupuesto anual de gastos de la Administración Nacional en más de $ 100.000 millones, distribuidos a su entera voluntad. El persistente avance del Poder Ejecutivo sobre el Congreso en materia presupuestaria -con los superpoderes, el abuso de los decretos de necesidad y urgencia, y ahora la utilización de la figura de la prórroga de la Ley 24.156- violenta la división de poderes, distorsiona el funcionamiento del sistema de administración financiera pública y erosiona los esquemas de aprobación y control en el uso de los recursos del Estado.

El debilitamiento de las instituciones fiscales favorece la corrupción y el despilfarro. Teniendo tan próximas las elecciones nacionales, es de esperar que la preocupación social en torno a estos temas quede reflejada en el mandato surgido de las urnas, y que quienes sean elegidos -tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo- trabajen con tolerancia, responsabilidad y respeto por el marco institucional para que el Estado nacional cuente con un Presupuesto 2012 aprobado en el Congreso en tiempo y forma, como manda la Constitución.