Primarias: campañas limitadas, el otro mecanismo bajo examen

El ensayo general de las primarias, formato que primero promovió pero luego vació la Casa Rosada, quedó bajo examen: tras la secuencia de candidatos y boletas, el viernes empezó a correr el período que regula las campañas electorales respecto de los plazos y la difusión.

Arrancó mal. La Ley de Primarias, votada en 2009 por el Congreso y patrocinada por Cristina de Kirchner porque terminaría con los «dedazos» en la selección de candidatos, fijó que la campaña electoral pública comenzaba el 15 de julio, es decir, el viernes pasado.

Sin embargo, hace meses que abundan las gigantografías y carteles de candidatos. No hubo, hasta donde se sabe, ninguna sanción. La Ley 26.571, en su artículo 30, establece que sólo se puede hacer campaña electoral recién 30 días antes de las primarias.

En Gobierno advierten que el control para que la norma se cumpla corresponde al Ministerio Público Fiscal, cuya jefatura máxima es Esteban Righi, procurador general de la Nación. Dan más precisiones: la Casa Rosada no reclamará que se castigue a los infractores.

A simple vista, el ítem de la limitación de campaña pública fue transgredido por la mayoría de los candidatos. Desde Daniel Scioli, que desde la provincia de Buenos Aires promovió la adhesión a la ley nacional, hasta Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde y la izquierda.

Francisco de Narváez, por ejemplo, fue uno de los primeros que montó gigantografías en las autopistas y accesos a Capital Federal. Desde su equipo, incluso, se evaluó objetar en la Justicia la disposición que impide la publicidad privada en radio y TV.

Es la próxima escala. El 25 de julio, 20 días antes de la elección, debuta el método de distribución de espacios en medios audiovisuales. Se prohíbe la contratación, por parte de los partidos y los candidatos, de publicidad. Los medios gráficos están exentos.

Atajos

Hubo, en estos meses, atajos. Alberto Rodríguez Saá, por caso, lanzó una campaña de promoción de su gestión en San Luis que tiene un claro componente de promoción de su candidatura a presidente. Algo similar montó Mario Das Neves durante el año pasado.

Pero esos casos son poco y nada al lado del monumental aparato de propaganda del oficialismo que ha sido, por lejos, el que más despliegue hizo (y hace) de sus figuras. Hay una zona gris en la que se mueve: difundir los actos de Gobierno es, dicen, gobernar.

Por tanto, según esa lógica, los spots de medidas o los discursos presidenciales desde Casa de Gobierno forman parte de esa tarea. La prueba de fuego será, entonces, cuando a partir del 30 de julio quede prohibida la difusión de actos de Gobierno.

Es, para Cristina, una prueba de fuego propia: deberá suspender, si se atiene a la normativa, por dos semanas los mensajes por cadena nacional a los que es tan afecta. En teoría, también deberían interrumpirse avisos de gestión que no sean enteramente de servicios.

Por caso, las maratónicas publicidades en las transmisiones de Fútbol para Todos. «Se debe suspender la emisión de actos de Gobierno, aunque, por ejemplo, no se pueden prohibir las declaraciones de funcionarios en los noticieros», ejemplificaron desde el oficialismo respecto de los alcances y los límites de esa disposición.

Espacios

En concreto, la nueva ley, además de las elecciones primarias -que se convirtieron en un trámite sin mayores definiciones ya que la mayoría de los partidos presenta candidatos únicos-, modifica los modos de la propaganda política.

A partir del lunes 25, comenzarán a emitirse spots de los distintos candidatos en espacios pagos por el Gobierno y distribuidos según un esquema que combina sorteos con los resultados en elecciones anteriores.

La prohibición de contratar publicidad propia en radio y TV alcanza a todos los candidatos a cargos nacionales y se extendió a los candidatos bonaerenses -no municipales- luego de que la provincia adhirió a la ley nacional.

Por eso, los únicos exentos son los candidatos locales, lo que ofrece un mundo de oportunidades a los intendentes que podrán concretar publicidad libremente, aunque no podrán, en esos spots televisivos o radiales, promocionar candidatos a gobernador o a presidente.

La fiscalización de esos impedimentos será uno de los exámenes que deberá superar la nueva ley. En el pasado reciente, la Justicia electoral -en particular la Cámara Nacional Electoral- discutió el mecanismo para controlar que la prohibición sea respetada.

Tras el fallo de las «internas abiertas» como filtro para que los partidos diriman, en esa instancia, sus postulantes -ningún candidato a presidente tiene competidor-, la Ley de Primarias empezó a transitar, a los tumbos, el capítulo que regula la campaña. Puede, también en eso, convertirse en letra muerta.