Primarias dividen a jueces y gobierno

• Disputan todos el control de los padrones en sistema que depende del demorado DNIEl debate por la organización de las próximas elecciones presidenciales y la aplicación de la ley de reforma electoral se reanimó ya con unas declaraciones de Florencio Randazzo, quien salió a confirmar que no se iban a cambiar las fechas de las internas abiertas y de los próximos comicios, programados para agosto y diciembre de 2001, respectivamente. ¿Por qué el ministro salió a respaldar un calendario votado por ley y fijado por la Constitución nacional? Las respuestas están en los dichos de las propia Presidente quien, como publicó este diario hace un mes, habría confiado a sus allegados que se preparan a elecciones en marzo. Pero por debajo de declaraciones y desmentidas, funciona ya una usina de problemas para el Poder Ejecutivo y la Justicia Electoral para aplicar una nueva ley de partidos que, si bien fue votada hace cuatro meses, todavía no fue reglamentada y hasta ya se evalúa modificar algunos aspectos. Veamos.

La sanción de la Ley de democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral -mejor conocida como la reforma electoral- a principios de diciembre de 2009 dejó abierta toda clase de interrogantes y problemas e implementación para este año. La Justicia Electoral acompañó muchas de las reformas que plantea la nueva normativa, pero encuentra en este momento graves obstáculos para implementar la ley, que ni siquiera fue reglamentada. Algunos jueces dudan sobre la posibilidad efectiva de la realización de la elecciones internas, y así protagonizan chisporroteos entre los diferentes organismos que participan en el proceso: los jueces electorales de primera instancia -muchos descontentos con la nueva normativa-, se enfrenta con la Cámara Nacional Electoral, y hasta con el propio Ministerio del Interior, que a pesar de ser impulsor de la reforma, tiene sus propias internas. El siguiente es un repaso de las principales preocupaciones tiene hoy la Justicia Electoral.

1. La conformación de los padrones. Hace meses que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y los representante de la Justicia Electoral mantienen sus relaciones en el más áspero de los tonos por la adecuación que el organismo tiene que hacer de la nueva ley. Allí se indica que el Registro Nacional de Electores quedará a cargo de la Cámara Nacional Electoral en la organización, confección y actualización de los datos que lo componen. La ley precisa que el Renaper debe remitir en forma electrónica todos estos datos -que administraba hasta las últimas elecciones-, así como constancias documentales que acrediten cada asiento informático. Este es uno de los puntos más álgidos de la discusión entre la Justicia Electoral y un Renaper supuestamente reacio a ceder la información en papel. El conflicto habría escalado hasta tal punto que el Ejecutivo estaría preparando un decreto para establecer normas más precisas que garanticen los padrones digitalizados.

2. La adecuación de las Cartas Orgánicas de los partidos políticos a la nueva ley. La normativa establece que dentro de los 180 días los partidos deben haber realizado elecciones internas para constituir sus autoridades, así como tener un piso de electores no inferior al 4 por mil y presentar esta documentación en la Justicia para obtener su personería. Casi ningún partido ha avanzado sobre estas modificaciones, la mayoría con estructuras partidarias débiles que apuestan a alianzas y coaliciones.

3. Estos cambios en el caso de las agrupaciones chicas están directamente paralizados, ya en su mayoría iniciaron acciones de amparo contra el veto parcial que el Poder Ejecutivo hizo a los artículos 107 y 108 de la ley. Estos puntos establecen los plazos para que se adapten a la normativa y a partir de qué fecha entran en vigencia, que originalmente era el 31 de diciembre de 2011, pero el Ejecutivo lo rechazó. Estos aspectos todavía no fueron resueltos ni en la Justicia Electoral -los amparos tramitan en el juzgado de María Servini de Cubría-, ni en el Congreso. Por diferencia de interpretación, en la Cámara de Diputados algunos consideran que el veto fue rechazado y otros que sigue en pie.

4. Las fechas. A pesar de que está establecido que las fechas de los comicios sólo se pueden modificar con una nueva ley, en el caso de las internas, y con una reforma de la Constitución, en el caso de las elecciones presidenciales, siguen existiendo intentos y argumentos para modificarlas, lo que genera mayor incertidumbre para la organización de los comicios.

5. Las elecciones internas abiertas programadas para agosto de 2011 anuncian otro tipo de problemas relacionados con el sistema de reconocimiento de candidatos, el sistema de fiscalización de las líneas internas y el escrutinio de esos comicios. Todos estos aspectos están poco claros, al no existir reglamentación. La nueva ley también da un poder muy importante a las juntas partidarias en las internas y, para eso, las agrupaciones deben tener estructuras fuertes, previsibles y transparentes.

6. Tanto en el caso de la organización de las internas abiertas como en la digitalización de los padrones y las otras modificaciones que tiene que implementar la Justicia Electoral hay conflictos y dudas por falta de presupuesto y personal. Si bien la Dirección Nacional Electoral -que depende del Ministerio del Interior- ya elevó el informe a la Jefatura de Gabinete, ésta todavía no dio ningún tipo de respuesta.

7. Una de las mayores preocupaciones sobre la implementación de la nueva ley se concentra en cómo se administrará la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual. Este fue uno de los cambios más importantes que introdujo la normativa: a partir de estas elecciones el Estado pagará toda la publicidad electoral. Esto requiere un sector exclusivamente dedicado a uno de los temas más complejos de las campañas electorales, pero hasta el momento no se creó un área específica ni hay un presupuesto asignado para este aspecto.

8. La situación es todavía más complicada si se tiene en cuenta que el Gobierno, además, impulsó una nueva ley de medios, que también introduce cambios de fondo en el sistema de comunicación y que hoy está suspendida por la Justicia. De hecho, la nueva Autoridad de Aplicación debe intervenir en la organización de los espacios publicitarios de campaña. Una autoridad que está completamente dedicada a tratar de destrabar la ley que la creó y es severamente cuestionada por la oposición.

9. Las causas abiertas sobre el financiamiento de la campaña presidencial de 2007 es la última pero no la menos importante de los obstáculos que hoy enfrenta la Justicia para organizar los próximos comicios. En marzo pasado, la Cámara Nacional Electoral emitió una acordada, recordándole a los jueces de primera instancia que estaban vencidos los plazos para resolver esos expedientes. El plazo era marzo de 2009. Muchos jueces reaccionaron ante este llamado de atención, algunos incluso resolviendo con increíble rapidez lo que no habían cerrado en años. Pero otros se resisten. El caso más complejo, por su competencia federal, es el de María Servini de Cubría, porque tiene las causas de la polémica campaña de 2007 de Cristina de Kirchner, en donde aparecen aportes de víctimas del caso Forza, y de opositores como Elisa Carrió. Casos estancados, mientras siguen corriendo los plazos de una elecciones que los jueces ven cada día con mayor preocupación.