Primera reacción contra eliminación de planes

Familias enteras permanecieron ayer en la 9 de Julio tras pasar la noche allí. Debieron cocinar a la intemperie y durmieron en carpas. Además, decoraron las calles con banderas de las más de 20 agrupaciones que participaron de la manifestación.

El Gobierno comenzó a resistir las primeras reacciones a la norma que implementa las asignaciones por hijos, ya no de la oposición, sino de los grupos a los que pudo aplacar hasta ahora con la asistencia de planes y desde dentro de su propia tropa, que puja por el reparto (ver nota aparte).

Con el correr de las horas, cuando la movida ya cumplía un día completo, el kirchnerismo aumentaba el temor de que el acampe en la avenida 9 de Julio terminara convirtiéndose en un Gualeguaychú en el corazón de la Capital Federal. Esa muestra criolla de la persistencia en una demanda también tiene ejemplos internacionales para hacer temer al Gobierno, como cuando en México se estacionó un campamento por meses al perder las elecciones Andrés López Obrador y denunciar fraude.

Por su lado, los fiscales porteños avanzaron con causas contra los piqueteros por no haber pedido permiso para manifestarse, y Mauricio Macri reclamó la acción policial para el desalojo de las calles, todo agregándose a un cóctel riesgoso que destapó las pujas subterráneas del kirchnerismo en el manejo de los fondos de los planes sociales. Así, volvieron a la embestida grupos que, por lo menos este año, se habían mantenido más moderados.

La media docena de organizaciones que desplegaron el campamento frente al Ministerio de Desarrollo Social tiene injerencia en el movimiento piqueteros del lado duro de esas asociaciones, ninguna, claro, ligada al kirchnerismo. Pionero en esas artes, el oficialista Luis DElía se distanció en la jornada de letra K y se mostró apoyando la protesta, que desata una guerra contra los intendentes.

El Gobierno ha prometido asistencia a nuevas cooperativas de empleo que se dedicarán a tareas en municipios de diverso tipo, pero el dinero lo manejan los intendentes, tal como lo ha admitido ayer en medio de la polémica el mandatario de Quilmes, Francisco «Barba» Gutiérrez, una pieza clave en las estrategias del kirchnerismo. El funcionario, mentor de las candidaturas testimoniales como la de Néstor Kirchner, repitió que las cooperativas debían ser manejadas por la intendencia. Ese reparto, móvil del clientelismo, fue el eje de la protesta de las organizaciones que aducen quedar fuera por no adherir a las políticas oficiales.

La cuestión se entrelaza con el manejo de los nuevos planes sociales de asistencia. La asignación por hijo dejaría fuera del control del reparto a los caciques que se adueñan de las listas de beneficiarios, pero ya habría quienes comenzaron con la hechura de la anotación para ese beneficio para padres. Al margen de las picardías que se pudieran desatar, la ecuación económica da cuenta de que el Gobierno borrará una cantidad más que importante del pago de los planes Jefas y Jefes de Hogar, que no podrán cobrarse si se opta por la asignación por hijo, que será de $ 180 y superará, para una familia, lo que recibe actualmente.

Esa condición, de renunciar a otra asistencia, también era motivo ayer de la protesta, ya que esas cooperativas que reclaman los piqueteros, de constituirse, podrían llevar a sus asociados a percibir $ 1.000 mensuales, pero no tendrán permitido cobrar, además, por los hijos como dicta la norma del plan universal.

La reacción, como coletazo, reavivó la disputa entre el Gobierno porteño y el nacional por el corte de calles, con un Macri reprochando el caos provocado en sintonía con los automovilistas y pasajeros, al punto que adujo que los federales desoyeron la orden de desalojo de una fiscal de la Ciudad, pero el Gobierno negó que hubiera una disposición de ese estilo, mientras apuraba una solución para que se levante el campamento que consideraba podía terminar sumando a más grupos.