En adelante, los dirigentes de un banco o de un establecimiento financiero serán pasibles de penas de hasta siete años de cárcel si se demuestra su responsabilidad en una "decisión que provocó la quiebra de una institución", explicó la administración del Tesoro en un comunicado. La misma sentencia podrá aplicárseles si se demuestra que eran "conscientes de que el riesgo conllevado por una decisión podía provocar la quiebra". "El Gobierno sacó las lecciones del pasado", aseguró el ministro de Finanzas, George Osborne, citado en el comunicado. La nueva disposición resulta de la aprobación en diciembre de 2013 de una ley de reforma bancaria.
| Agencia AFP |


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