Procesan a titular de “gremio” policial

El conflicto policial ocurrió en diciembre de 2013 y tenía como trasfondo un reclamo salarial.

  El juez federal Reinaldo Rodríguez procesó al secretario general de la no reconocida organización sindical Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol), Alberto Martínez, por supuesta instigación al delito de sedición, en el marco de una causa que investiga el motín de efectivos locales desplegado en diciembre de 2013. Aquella revuelta se dio en medio de la escalada de autoacuartelamientos de la fuerza de seguridad con reclamos salariales que tuvo en vilo al país, y que derivó en trágicos saqueos.

Las investigaciones avanzan, en rigor, en distintas provincias.

Por caso, en julio pasado la Justicia entrerriana condenó a entre 3 y 4 años de prisión a 15 policías por el delito de "sedición agravada", tras el alzamiento del último mes de 2013 en Concordia.

En tierra santafesina, ahora, el magistrado federal procesó a Martínez y además a los policías Fabricio Abasto, Claudio Patiño y Mauricio Pagani, sindicados como presuntos coautores de sedición, aunque dictó la falta de mérito para otros dos miembros de la fuerza.

El delito de sedición prevé penas de prisión de entre uno y seis años.

Según el juez, Martínez impulsó públicamente -vía redes sociales y la web de Apropol- a personas indeterminadas a cometer un delito concreto contra el orden institucional.

"Su accionar fue influyente para que se produjese el alzamiento policial, que derivó días más tarde en el arrancamiento de una medida o concesión al poder público relativa al mejoramiento de las condiciones laborales del personal de seguridad", remarcó el magistrado.

En reacción, Martínez enfatizó que el procesamiento del que fue objeto "es una de las tantas agresiones que venimos sufriendo los trabajadores policiales y penitenciarios de nuestro país y proviene del mismo sistema que nos somete y explota y busca hacernos bajar los brazos".

La imputación previa había corrido por cuenta del fiscal federal Walter Rodríguez, quien por entonces argumentó que "el personal de seguridad utilizó las armas proporcionadas por el Estado para mantener el orden público y la paz social, en función de los intereses particulares de quienes se involucraron en la protesta ilegal".

En cambio, el juez Rodríguez sobreseyó a Martínez en una denuncia por supuesta coacción agravada, por mensajes de texto que envió por entonces al gobernador socialista Antonio Bonfatti, y que habían sido leídos inicialmente como veladas amenazas hacia el mandatario.