Promete Scioli frenar pases en obras sociales

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MÁS GARANTÍAS DEL CANDIDATO OFICIALISTA A SUS ALIADOS DEL SINDICALISMO

La cadena de promesas de Daniel Scioli al sindicalismo parece no tener fin. Ayer transmitió, a través de su ministro de Salud, Alejandro Collia, que en una eventual gestión presidencial "fortalecerá las obras sociales" con más recursos y además pondrá límites a los traspasos entre organizaciones, un proceso que arrancó en los 90 y que todavía motorizan algunas entidades gremiales pequeñas en sociedad con prepagas, en desmedro de las más tradicionales del sistema.

Los compromisos fueron debatidos en un encuentro en el Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social (ISSS), que gestionan sindicatos de la CGT, entre Collia y dirigentes y técnicos de las obras sociales, como había adelantado este diario. Y esos puntos de acuerdo se suman al guiño favorable de Scioli, en caso de imponerse en las elecciones, a ubicar al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a un técnico ligado a la central obrera.

"Las obras sociales son la columna vertebral de la salud en la Argentina junto a la medicina pública. El sistema hay que fortalecerlo y eso lo ha garantizado Scioli, como viene haciendo en la provincia (con IOMA, la entidad de los empleados del sector público bonaerense) y hay muchos instrumentos para analizar", le dijo Collia a este diario tras la reunión.

Entre esos mecanismos, el ministro provincial -y candidato a serlo a nivel nacional- mencionó la posibilidad de poner un límite a los traspasos entre obras sociales "con distintos grados de intervención" y de avanzar hacia un pool de compras de medicamentos junto con el Estado, como había sugerido en el mismo ámbito la semana pasada el ministro de Salud nacional, Daniel Gollán. "Todo lo que pueda contribuir a fortalecerlas habrá que analizarlo", amplió el funcionario.

En el encuentro, según estableció este diario, las propuestas fueron más concretas. El ministro se refirió de manera más amplia al denominado proceso de "descreme", como se conoce a la captación de afiliados jóvenes y con buenos salarios por parte de obras sociales en alianza con prepagas, que con ese fin ofrecen planes de cobertura médica superadores de los que el trabajador posee en su organización sanitaria de origen.

Desde 1998, cuando un decreto de Carlos Menem garantizó la libertad de opción, algunos gremios en general pequeños trabaron acuerdos con empresas de medicina privada y traccionaron para sí afiliados, en un procedimiento siempre cuestionado por los sindicalistas a cargo de las entidades de salud más grandes.

Entre las propuestas que esbozó ayer Collia figura un tope de afiliados de otras entidades que las obras sociales receptoras podrían captar, que se estima no debería superar el 20 por ciento. También, la chance de derivar a la nueva obra social sólo el valor promedio del aporte de los afiliados traspasados, y que el excedente -producto de los mejores salarios- pueda quedar en la organización de origen. También se analiza la permanencia obligatoria por un período en la obra social de origen antes de que el afiliado pudiese hacer uso de la libre opción, así como incentivos económicos para las organizaciones con menor incidencia de enfermedades.

El otro ítem que expuso Collia tiene que ver con el pool de compras de medicamentos que una semana antes había mencionado, en el mismo espacio, su par nacional Gollán. El ministro bonaerense les comentó a los gremialistas la posibilidad de centralizar las compras de medicamentos costosos a través del Estado y con el monitoreo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de modo de darle más transparencia al sistema. Otra queja recurrente de los gremialistas es que los reembolsos estatales sobre sus prestaciones de alto costo por lo general reconocen sólo una porción del valor real de lo gastado.

Lo escucharon directores de obras sociales y, sobre todo, dirigentes de peso en la estructura de la CGT oficialista como José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), principal referente en la materia en la central obrera más cercana al Gobierno -y posible responsable en última instancia de la Superintendencia en una eventual gestión de Scioli-, y Andrés Rodríguez (estatales, UPCN). Mientras que fue notoria la ausencia de Antonio Caló, jefe de la central, en el día en que un fiscal lo imputó por presunto lavado de dinero (ver nota aparte).

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