Puja de querellas en causa Once

Claudio Bonadío

Al cumplirse ayer once meses de la tragedia ferroviaria de la estación Once, una de las querellas de la causa que tramita en la Justicia Federal pidió agravar los procesamientos de Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y los hermanos Claudio Sergio y Mario Cirigliano. El planteo se realizó ante la Cámara de Casación Penal y solicita caratular el supuesto delito del descarrilamiento como doloso y no culposo, tal cual entendió la Cámara Federal. La semana pasada, el juez Claudio Bonadío inició los trámites para elevar el expediente a juicio oral.

El pedido, formulado por el mediático abogado Gregorio Dalbón, ya divide a los letrados querellantes. Ocurre que algunos de ellos optarán directamente por realizar el mismo planteo en el momento del inicio del juicio oral, ya que, de hecho, no le encuentran un sentido a la acción de Dalbón ante la Casación en la cual sostiene que la Sala II de la Cámara «incurre en una manifiestamente errónea calificación del hecho que conforma el objeto de la investigación al tipificar la conducta de todos los imputados de manera inexacta con relación a lo que determina la prueba colectada en la causa, invalidándola como pronunciamiento judicial».

Las querellas conforman otro de los escenarios conflictivos del expediente. En mayo del año pasado, Bonadío tuvo la intención de unificar todos los reclamos de las víctimas en un solo letrado con la idea de agilizar los trámites de la causa en cuanto a diligencias y notificaciones. El juez organizó una audiencia con los 11 abogados que acumulan las querellas con la idea de que éstos se pongan de acuerdo. En esa ocasión fue imposible aunar opiniones: los abogados discrepaban sobre el foco de sus reclamos ya que había quienes demandaban al Estado y a la empresa TBA, pero también los que le apuntaban al maquinista Marcos Antonio Córdoba.

Finalmente, el juez agrupó a los querellantes en cuatro grupos. Buscaba evitar así la multiplicidad de planteos y nuevos requerimientos de indagatorias antes del juicio oral.

No es el único reclamo que llegará a la Casación. La empresa TBA planteará que la Sala II mantuvo la carátula de supuesta administración fraudulenta a partir de las pericias de Bonadío respecto de los subsidios que la firma cobró del Estado. Sin embargo, ese capítulo del expediente ya no es responsabilidad de Bonadío, sino de Ramos, quien investiga una causa abierta con anterioridad con la misma carátula y que involucra a otras firmas de transporte. Así lo entendió la Sala I de la Cámara y por eso Bonadío quedó únicamente al frente de la instrucción por el supuesto estrago. Los abogados de la empresa objetarán la intervención simultánea de las dos salas en un mismo delito.