Purga y complot, manual K para enfrentar crisis

Por la tarde, la banda de Gendarmería se plegó también a la protesta. A última hora seguian tocando en las escalinatas del Edificio Centinela.

Cristina de Kirchner manoteó el manual convencional para las crisis de uniformados: de un plumazo volteó a la cúpula de Prefectura y la Gendarmería. La razzia, por ahora, terminó en ese plano, pero con los días podría detonar un puñado de cambios en su staff político.

Nilda Garré y Sergio Berni, uno y uno bis de Seguridad, superaron la primera ráfaga del conflicto. Anteanoche, la Presidente los citó a Olivos tras regresar de urgencia de Perú. Hubo un reproche repetido: la queja de que no le anticipan los conflictos.

La continuidad o no de la crisis marcará esos tiempos. Cristina de Kirchner no es, en eso, como Néstor Kirchner, que se resistía a soltar funcionarios. Barrió a Juan Pablo Schiavi y diezmó el poder de Julio De Vido tras el accidente de Once. Son, de todos modos, hechos de distintas dimensiones.

Anoche, los nuevos jefes, Enrique Zach de Gendarmería y Luis Alberto Heiler negociaban recién designados con los uniformados que, según la terminología usada por sectores K, estaban «insubordinados».

En Olivos se habían fijado las medidas de reacción: la reliquidación de los sueldos sin recortes -o la devolución a los que ya se los hicieron- y la remoción de la conducción de las dos fuerzas. Se perfiló, además, el relato político sobre el episodio.

El insumo para que, desde temprano, el kirchnerismo agitara la teoría del complot fue doble: al clásico argumento de la promoción mediática se le agregó un informe sobre las internas en las fuerzas que, según la mirada K, contribuyó a escaldar el conflicto.

Juan Manuel Abal Medina formalizó esa línea argumental al sugerir que fue intencional la incorrecta liquidación de los salarios para sembrar el clima que disparó la protesta de prefectos, gendarmes y un malón, reducido, de suboficiales de la Armada.

A esa altura, la asonada de los uniformados tenía alcance nacional y había sumado demandas: además de pedir la normalización de los pagos, apareció el reclamo de recomposición salarial y la exigencia, a modo de ultimátum, de que no haya sanciones para los rebeldes.

Antes, en el Congreso, Julián Domínguez había juntado la cabeza de casi todos los jefes de bloque para firmar una declaración que pidió a los acuartelados resolver sus demandas en un marco democrático. En el Senado, esa unicidad se desintegró (ver aparte).

Al atardecer, hasta Mauricio Macri -que había dado pistas a la mañana a través de Federico Pinedo- pidió que los uniformados desactiven la protesta.

Hubo matices. El Peronismo Federal, a través de Graciela Camaño, Hugo Moyano y la CTA anti-K, con distintos fundamentos, transitaron otro camino. El camionero recibió a un puñado de prefectos, sueltos. Pablo Micheli habló del derecho a reclamar, pero trazó una raya: «Si está la conducción es otra cosa».

El kirchnerismo, en paralelo, se abrazó a un libreto que usó antes y durante la crisis del campo y desempolva en los tiempos de cacerolazos. La hipótesis de un pacto sinárquico, tributario de cierto poder mediático, que acecha para desestabilizar al Gobierno.

Unidos y Organizados, la megaorganización que se convirtió en la voz oficial K, metió en la discusión el concepto de «democracia en peligro» y definió un decálogo de sucesos y personajes que, según su prisma, explica la existencia de ese complot.

Los voceros, rotativos, de prefectos y gendarmes tuvieron que aclarar que no existía, en el reclamo, esa intención. El coreo «las fuerzas unidas jamás serán vencidas» contrarió, al parecer, esa voluntad puramente sindical.