QUE LA INOCENCIA VALGA

Nacida en Estados Unidos, la organización Innocence Project defiende a inocentes encarcelados. Se vale, principalmente, de pruebas de ADN que revierten hasta décadas de condenas en prisión. El proyecto, que se multiplicó en el país del norte pero también llegó a América Latina, ya tiene su sede en la Argentina, de la mano de Enrique Piñeyro, realizador de la película sobre la denominada "Masacre de Pompeya". Complicidad policial, ineficiencia, mala justicia y discriminación aparecen como patrón de los casos dilucidados. Sólo en Estados Unidos se calcula que más de 100.000 personas están encarceladas por delitos que no cometieron.

Nueva York - En el momento en que cayó de un muro y recibió una herida fatal en la cabeza, Kenny Waters llevaba seis meses en libertad. Lo habían detenido en 1983 por el homicidio de una vecina. Un policía de Ayer, Massachussetts, se llevó a su casa las huellas dactilares de la escena del crimen que señalaban a otro sospechoso; durante dos años otra policía intimidó a la exnovia de Waters y a la madre de su hija para que declarasen contra él. Lo condenaron a prisión perpetua.

Betty Anne Waters, moza de un pub, estudió derecho para ayudar a su hermano; cuando se estaba por recibir escuchó que el Innocence Project (Proyecto Inocencia), una organización con sede en Nueva York, defendía a encarcelados si había evidencia de ADN que pudiera exculparlos. Le llevó años que aceptaran el caso, en los que se graduó y consiguió sangre del homicida, con lo que demostró que el culpable no era su hermano.

La historia es famosa por la película Conviction (Justicia final), de Tony Goldwyn. Hillary Swank interpreta a Betty Anne, Sam Rockwell a Kenny, Peter Gallagher a uno de los fundadores del Innocence Project (IP), Barry Scheck, y Juliette Lewis a la exnovia.

Cuando murió, Waters había pasado más de un tercio de su vida en la cárcel por un delito que no había cometido. Y que nunca se resolvió, para duplicar la injusticia.

El IP se creó en 1992 dentro de la carrera de Derecho Benjamin N. Cardozo de la Universidad Yeshiva. Desde entonces, los proyectos inocencia se multiplicaron: hoy existen 60 centros en los Estados Unidos (algunos estados tienen varios; otros, como Alabama, Oregon y Tennessee, ninguno) y a partir del California Innocence Project (CIP), los hay en América Latina.

Nuestra red comenzó hace quince años con cinco proyectos locales, dijo a Viernes Justin Brooks, director del CIP. Éramos gente que hacía el mismo trabajo y lo compartía para cooperar; hoy tenemos una estructura formal y una conferencia anual con 500 personas. Luego orientamos nuestro esfuerzo a crear un centro en Puerto Rico, y más tarde en Colombia, Chile, la Argentina y México. Hicimos dos conferencias (la última, en octubre de 2013 en Buenos Aires) y este año la reunión será en Colombia, donde se lograron varias exoneraciones.

Desde 1989 en los Estados Unidos se han documentado 1.280 casos, aunque se estima que la estadística es incompleta y podría llegar a 2.000 inocentes condenados luego liberados; de ellos algunos perdieron 35 años de la vida, y el promedio es de 13 años.

Algunos podrían haber perdido más: se sabe que en las últimas cuatro décadas 142 exonerados iban a ser ejecutados. Tuvieron más suerte que otros que, desde 1863 hasta 2004, murieron sin poder probar que no habían cometido los delitos que les imputaron.

El Center on Wrongful Convictions (Centro sobre Condenas Injustas), que funciona desde 1998 en la carrera de Derecho de la Universidad de Northwestern, estableció que de los 303 sentenciados a muerte cuando la pena se restableció en Illinois, 20 habían sido exonerados cuando se abolió en 2011, según el profesor Robert Warden, director ejecutivo del CWC. Es una tasa de más del 6 por ciento... No se sabe a ciencia cierta cuántas condenas injustas hay. Si se proyectara ese porcentaje, podría haber más de 100.000 personas inocentes en las cárceles. Dado que los reclusos en el país suman casi 2,3 millones, la cifra exacta estaría encima de los 130.000. Pero no creo que la situación sea tan mala, agregó ante este suplemento Warden. En los casos de pena capital hay una incidencia mayor de errores judiciales.

Para el IP, la tasa de inocentes presos oscila entre el 2,3 y un 5%: 52.136 y 113.340 personas que sin haber cometido crimen alguno son sometidas a regímenes penitenciarios. Nuestras cárceles están llenas de condenados injustamente, dijo Christopher Scott, quien fue detenido en Texas por el homicidio de un hombre, condenado a prisión perpetua y privado de 13 años de su libertad. Donde yo estuve, con una población de unos 5.000 presos, diría que entre el 10% y el 12% éramos inocentes, detalló en diálogo con Viernes.

El IP recibe 3.000 solicitudes anuales. En 2005 tomó la de Jeffrey Deskovic, detenido en 1989 en Peekskill, Nueva York, por la violación y el homicidio de una compañera de escuela. Tenía dieciséis años y quería estudiar Derecho. Todavía aspiro a ser admitido en el Colegio de Abogados, dijo. Los policías lo interrogaron sin defensor durante siete horas y media, en las que le hicieron creer que había fallado en el detector de mentiras y que si confesaba se podría ir a la casa. Firmó y quedó detenido.

Deskovic, que terminó un master en Derecho Penal, enumeró las causas de las condenas injustas: La identificación errónea representa el 75% de los casos; las confesiones coaccionadas, el 25%; los informantes que cambian beneficios -económicos o de eliminación de cargos- por testimonios, el 15%... También la mala defensa, la mala praxis de los fiscales, el fraude forense... Suman más de 100 porque las razones se combinan. En mi caso hubo confesión coaccionada, mala defensa, procedimiento policial indebido y fraude en la evaluación forense de la evidencia. Algo increíble: lo condenaron a prisión perpetua abierta a libertad condicional tras quince años a pesar de que la evidencia de ADN mostraba que el semen hallado en la víctima no coincidía con el de él. Pasó dieciséis en prisión.

Scott sufrió la lista completa de irregularidades, pero destaca las del sistema. La primera: Los policías sólo querían hacer un arresto. El homicidio por el cual lo detuvieron había sucedido cuatro horas antes de que él llegara al barrio; lo juntaron con otros ocho sospechosos -entre los cuales estaba el culpable- pero lo eligieron porque uno de los policías se concentró en un sospechoso en lugar de seguir el procedimiento. En la comisaría lo separaron del grupo y lo encadenaron a un banco. Vio que una mujer llorosa asentía a algo que le decía un oficial del otro lado de un vidrio. Sólo cuando lo llevaron a la sala de interrogaciones supo de qué lo acusaban.

No creo en tu culpabilidad, le dijo otro policía mientras lo conducía a su celda. La pericia sobre las balas no te involucra, no tenemos huellas dactilares... no tenemos más que a la viuda. El policía lo declaró en el juicio, lo cual superó la tarea del abogado de oficio, quien vio a Scott una sola vez y le dijo que estaba por un delito de vida o muerte. Y aun así no luchó por mí. No hizo siquiera lo básico.

Una tercera causa es el interés en condenar de la acusación popular, porque el cargo de fiscal general es electivo. Así se ocultan elementos que podrían probar la inocencia de los acusados, se disuaden testigos y se estimula el perjurio. El fiscal general de Dallas de entonces, Henry Wade, ganó elección tras elección durante 36 años por su mano dura. Su equipo exitoso hizo célebre una frase: Un buen fiscal consigue un veredicto de culpable para un culpable, pero un gran fiscal lo consigue para un inocente.

Todos los involucrados apoyan la necesidad de cambios al sistema para prevenir las condenas injustas. Se necesitan muchas reformas, dijo Brooks. Mejores procesos de identificación por parte de los testigos, declaraciones grabadas de los arrestados, acceso igualitario para la defensa a los laboratorios de criminalística. Warden coincidió: Quien haga la identificación no debe saber cuál es el sospechoso, porque hemos visto que se elige, con y sin intención, a alguien en particular. Hay que grabar todo el procedimiento para poder ver luego cuán seguro estaba el testigo: pasa que alguien que al comienzo dice 'creo que es él', en el juicio ha creado una falsa memoria y lo afirma. Necesitamos grabaciones electrónicas de los interrogatorios, porque los policías declaran al juez 'El sospechoso me dijo cosas que sólo el homicida podía saber', pero luego el detenido nos explica '¡Esas cosas me las dijeron ellos mientras me interrogaban!'.

Deskovic va más lejos. Defiendo la criminalización de la mala conducta intencional de los fiscales. Se reconoce que es uno de los factores de las condenas de inocentes, pero nada más. Cuando un fiscal esconde evidencia que apunta a la inocencia o procura falsos testimonios, deberían quitarle la inmunidad. Hoy no se les puede hacer juicio, pero ni ellos ni los jueces deberían estar por encima de la ley, opinó. Si hubiera podido, se habría opuesto al nombramiento de Sonia Sotomayor como jueza asociada en la Corte Suprema: ella negó uno de sus reclamos de inocencia por un tecnicismo. Cuando supe que una jueza que puso el procedimiento por encima de la inocencia llegaba al tribunal superior, me sentí muy mal.

Reyna Ramírez, coordinadora del New England Innocence Project, apunta a cuestiones de fondo. Miremos las confesiones falsas: ¿por qué alguien diría que hizo algo que no hizo? Quizá no tienen educación; quizá son inclusive analfabetos. La cuestión educativa en este país juega un papel: estamos defraudando a nuestros niños, y los niños que más probablemente reciben una educación debajo de los estándares son los de poblaciones pobres y de minorías, poblaciones que tienen más probabilidades de recibir una sentencia injusta. Otro aspecto es la salud pública: la enfermedad mental es un factor en las confesiones falsas y desde los 70 y los 80 hemos cortado drásticamente los fondos para los servicios de salud mental y los hemos pasado a las prisiones, agregó Ramírez.

Al crear House of Renewed Hope (Casa de la Esperanza Recobrada), Scott puso en marcha su propia reforma. En la cárcel pensaba cómo comunicar a la sociedad el problema de los inocentes presos. Cuando salí formé una hermandad con otros exonerados. Nos reunimos para hablar de las situaciones que enfrentamos al volver a la sociedad y creamos nuestro propio equipo de investigadores. Recibimos cartas, vamos a las prisiones y trabajamos en los casos; nos destaca que tenemos una política conjunta con el nuevo fiscal de distrito de Dallas, Craig Watkins, el primer afroamericano elegido en Texas para ese cargo, quien nos permite revisar los informes policiales y los testimonios, discute los casos y nos señala qué nos hace falta. Trabajan en ocho casos.

Los Estados Unidos tienen la tasa de encarcelados más grande del mundo: 743 por cada 100.000 habitantes, seguida por Rusia (577) y muy lejos de China, donde los procesos judiciales distan de ser prístinos (120). ¿Por qué ponemos en prisión a tasas tan altas de nuestra población, más allá de la inocencia o la culpabilidad?, cuestionó Ramírez. La guerra contra las drogas, insensata y excesiva, nos lleva a encarcelar a más gente que cualquier otro país, y más afroamericanos de los que se encarceló en el pico del Apartheid en Sudáfrica. Hay gente inocente que acepta negociar una condena menor porque enfrentarían condenas mínimas obligatorias en casos de drogas. Deskovic complementó: En estados como California, tras la tercera falta se condena por mucho tiempo (un mínimo de 25 años) a gente que ha cometido transgresiones menores, explicó Deskovic.

Para Ramírez hay otro aspecto determinante: Cuando se tiene un sistema de Justicia Penal injusto, como en los Estados Unidos, basado en la raza y el poder adquisitivo, se va a tener gente encarcelada sólo por esas características y no por su culpa real. Con ella coincidió Fernando Bermúdez, un joven al que la Policía de Nueva York sacó de su casa en Washington Heights en 1991 y lo acusó de un homicidio que sucedió mientras él daba un examen preuniversitario. Cinco testigos se equivocaron o mintieron ante el juez; el detective Daniel Massanova ignoró a sabiendas al cómplice del homicidio que le brindó el nombre del asesino (quien sigue suelto); el fiscal James Rodríguez no avisó al jurado que otros testigos habían identificado a otros sospechosos. Bermúdez recibió prisión perpetua y en los dieciocho años que perdió en cinco prisiones encontró que el encarcelamiento masivo, como define, entraña el racismo y la ganancia.

El racismo cala muy hondo en la Justicia Penal estadounidense. Hay una cantidad desproporcionada de condenas para gente negra y latina en comparación con los blancos. En parte se debe a que la gente de color tiene menos recursos económicos que los anglosajones; también interviene la barrera del lenguaje en el caso de los inmigrantes. Pero las leyes mismas son más duras con las drogas que circulan entre latinos y negros que entre blancos. El problema de la ganancia surge desde el momento en que las cárceles pueden ser privadas: Hay empresas que ponen a la población presidiaria en la Bolsa de Valores y hacer dinero con ella, explicó, desde las tarjetas telefónicas para llamar a las familias a un costo altísimo hasta la creación de industrias dentro de las prisiones con mano de obra barata.

Desde que salió de la cárcel, Bermúdez se graduó en Ciencias del Comportamiento y quiere seguir Derecho; mientras exige en tribunales una indemnización de la ciudad y el estado de Nueva York, se gana la vida como orador. Ha explicado qué son las condenas injustas en diferentes universidades y tribunales de los Estados Unidos, en Italia, en Alemania y en Japón, y este año lo hará en India, Turquía y Francia.

La difusión ha cambiado el tema. Cuando comenzamos, en 1998, estos casos se veían como incidentes extremadamente raros, un error extraño en el sistema de justicia, recordó Warden. Esto ya no es así por todos los casos documentados. El CWC trabajó 60 y recibe 200 pedidos anuales. Además los medios han difundido muchas de estas historias, y hoy el público en general sabe que es un problema muy serio.

Tanto, que se está creando una Red de Periodismo por la Justicia para que sirva como comunidad de recursos para conectar a las unidades de periodismo de investigación que se ocupan de descubrir irregularidades en el sistema de justicia, dijo Alec Klein, director del Medill Justice Project en la Universidad de Northwestern. Durante muchos años la prensa ha jugado un papel importante en el análisis de condenas en potencia injustas, y es aún el vigilante que revela los errores judiciales en los Estados Unidos. En sus quince años de historia este proyecto ha encontrado información reveladora, ha influido en procedimientos penales, ha repercutido en la política pública y ha exigido a los organismos gubernamentales que se atengan a la Primera Enmienda.

A pesar de las muchas diferencias entre la Argentina y los Estados Unidos, desde el sistema legal mismo, por iniciativa del cineasta Enrique Piñeyro (Whisky Romeo Zulú, Bye Bye Life) se ha creado una filial del IP, Innocence Project Argentina (IPA). O, más que iniciativa, como consecuencia de The Rati Horror Show, su documental sobre la inocencia de Fernando Carrera y la responsabilidad de la Policía Federal en la fabricación de la causa por la cual el Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº 14 (Hugo Cataldi, Rosa Lescano y Beatriz Bistue de Soler) condenó al comerciante sin antecedentes a 30 años por la llamada Masacre de Pompeya.

El 25 de enero de 2005 Carrera manejaba un Peugeot 205 blanco con el que atropelló a dos mujeres y a un niño, que murieron; el condenado aseguró que de un auto negro de pronto abrieron fuego contra el suyo, uno de los disparos le atravesó la cara y lo dejó inconsciente y lo que siguió fue por la pérdida de control del vehículo. Piñeyro rebate que en el auto hubiera un arma, muestra los testimonios contradictorios de un miembro de la Asociación Amigos de la Comisaría, prueba que un agente llegó a la escena y echó a potenciales testigos aunque declaró que no había estado presente y otras irregularidades que llevaron a que la Corte Suprema pidiera la revisión del caso.

En el proceso de investigar para 'The Rati Horror Show' topé con el IP, dijo Piñeyro ante Viernes. Al mismo tiempo vi que el inocente preso no es un problema de Estado para nadie. No hay organismos que traten el tema de los inocentes presos: de los errores del sistema judicial -errores en el mejor de los casos; maniobras y causas armadas en el peor- no se ocupa nadie. Luego la película creó una demanda que no podía satisfacer. Me caían pedidos, y ni siquiera soy abogado. Por eso quise abrir una filial argentina.

Junto con Manuel Garrido, exfiscal de Investigaciones Administrativas y actual diputado nacional (UCR), se reunieron con Brooks, del CIP: Nos explicó todo, se ofreció a integrar el comité argentino, nos abrió las puertas para poder usar el nombre de IP y adherir a sus pautas. El IPA acepta casos aun si no hay ADN, pero por otras razones que en otros países. En la Argentina el ADN tiene poca relevancia porque no se preserva la evidencia, explicó. El camino a recorrer es más largo: Tenemos tres objetivos: sacar al inocente de la cárcel; trabajar con estudiantes para mejorar la calidad de los abogados y promover legislación. Una de las primeras legislaciones será que no se destruya la evidencia en tanto el condenado esté cumpliendo su sentencia. Si uno quiere revisar las pruebas a la luz de nuevas tecnologías, la evidencia tiene que estar. Y en la Argentina la destruyen.

En el mundo entero se sufre el abuso de autoridad y la incontestabilidad de una sentencia. Pero la Policía argentina prácticamente no produce pruebas en los delitos comunes; el imputado tiene que hacerlo, señaló. La soberbia en corregir los errores hace que al final sea igual el error judicial que la causa armada. En ambos casos se termina por perder la presunción de inocencia. Nuestro nivel de corrupción policial es muy alto, pero lo más tremendo es el nivel de corrupción y de politización del sistema judicial.

El caso de Pompeya absorbe al IPA, mientras avanza en el estudio de otros dos y revisa los pedidos que llegan a centenares. Al repasar su sentencia, el TOC ajustó los cargos y la condena de Carrera a 15 años, pero no admitió su inocencia.

Los jueces fueron denunciados por prevaricato y están procesados; Carrera puede ser detenido desde agosto, aunque permanece libre, pero con identidad y domicilio reservados tras haber recibido ataques de, presuntamente, aquellos uniformados que serían responsables en realidad del desastre porque lo confundieron con alguien que en un auto similar acababa de cometer un robo. Estamos abocados a esto un 100% -dijo el cineasta, que filma The Rati II- porque si esta condena queda firme, este país levanta bandera de rendición sobre las garantías constitucionales.