Quejas porteñas ante demora por Consejo Social

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Instituto Buenos Aires Plan Estratégico (IBAPE) discutieron en una mesa de expertos las razones de la demora en crearse el Consejo Económico Social previsto en el articulo 45 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Hablaron la integrante del Consejo Consultivo del IBAPE, María Teresa Moya; Eugenio Cozzi, consejero del Consejo de la Magistratura local; Humberto Giordano, vicepresidente de la Federación de Comercio e Industria; y José Luis Di Lorenzo, que se presentó como representante del jefe del sindicato de los porteros, Víctor Santamaría. También habló en nombre del diputado macrista Oscar Moscariello la abogada Andrea Majian.

Di Lorenzo se quejó de la demora en cumplirse la cláusula constitucional pese a la sentencia judicial que ordenó a la Legislatura dictar la ley respectiva.

Relevancia

El doctor Cozzi se refirió al carácter no vinculante de este tipo de organismos y la relevancia de un foro para que los actores económicos y sociales que dinamizan la sociedad arriben a consensos que complementen la actividad de los partidos políticos. Giordano se extendió en poner de relieve el interés de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y, en particular, de las pymes en la constitución del Consejo.

La doctora Majian recordó que el proyecto que duerme en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura prevé la integración del Consejo con 26 miembros agrupados así: por los sindicatos; 1 por la CGT, otro por la CTA y 4 por los gremios con mayor cantidad de afiliados. Por los empresarios: 2 del sector industrial, 2 del comercial y 2 de los servicios. Dentro de cada estamento, por lo menos uno debe pertenecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Un tercer grupo tiene 14 miembros: 2 la Universidad de Buenos Aires: las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, las carreras homónimas y la universidad privada tienen un comisionado cada una. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Coordinadora de Entidades Profesionales Universitarias de la Ciudad de Buenos Aires, las entidades de defensa del consumidor, de economía social, las mutuales y las cooperativas, 1 cada una y 3 las organizaciones de promoción social y asistencia de los credos mayoritarios de la urbe.

El ex convencional estatuyente de la Ciudad Alfredo Carella afirmó que el efecto relevante será transparentar la relación de los intereses particulares con la Legislatura desplazando las nocivas prácticas de lobby en despachos y corredores.