Radicales bloquearon la fuga de votos rebeldes

El jefe del bloque de Diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que ante el proyecto de nacionalización de YPF, para los legisladores radicales debe prevalecer la decisión del partido y no los planteos personales. Fue un mensaje para su correligionario cordobés Oscar Aguad, quien impulsa para esta noche un abandono masivo del recinto a la hora de votar el proyecto sobre YPF.

El excandidato a gobernador de la UCR en Córdoba cuenta con el apoyo de los radicales Ricardo Buryaile (CRA), Pablo Orsolini (Federación Agraria), del entrerriano Jorge Chemes y de Hipólito Faustinelli. El cobismo, encabezado en el recinto por el mendocino Enrique Vaquié, resolvió mantenerse orgánico y no seguirá los pasos de Aguad. «Una vez que el partido lauda, uno puede tener una posición personal pero (lo que prevalece) es la decisión del colectivo, si no, no hay una organización», enfatizó Gil Lavedra.

El diputado ratificó así la posición del partido en cuanto a votar en general a favor del proyecto oficialista, aunque con críticas al procedimiento de expropiación de acciones de YPF.

«Prevaleció una posición y también hubo una instrucción concreta del presidente del partido (Mario Barletta) que recibimos los presidentes de bloque. Esto excede a una cuestión de bloque, directamente es una posición orgánica del partido», advirtió Gil Lavedra.

El jefe de la bancada radical se pronunció así al ser consultado sobre la posición contraria al proyecto oficial planteada por Aguad y otros integrantes del bloque.

«Hubo muchos diputados con posición contraria, yo mismo intervine en ese debate de una manera diferente», explicó Gil Lavedra en declaraciones radiales, aunque advirtió que prevalece la posición del partido.

El diputado justificó la postura de la UCR, al indicar que «va a demandar no menos de diez, quince años» recuperar el autoabastecimiento petrolero. «Esto no es una cuestión de un Gobierno al que le quedan tres años de mandato», señaló el legislador por la Capital Federal, quien ratificó que la medida «apunta en una buena dirección», aunque es el resultado de «una política calamitosa» en el sector energético.