Rara respuesta de Oyarbide a las críticas de Macri

La tradición tribunalicia dicta que los jueces hablan por sus sentencias, pero a veces hay excepciones. Sobre todo si el caso está a cargo de uno de los magistrados del foro penal de más alto perfil, como Norberto Oyarbide, y tiene como uno de sus imputados nada menos que al jefe de Gobierno porteño. En este contexto, todo gesto se vuelve una caja de resonancia política, toda resolución prácticamente un alegato de tono político, como el auto que firmó ayer el juez en respuesta a una serie de medidas de prueba solicitadas por la defensa de Mauricio Macri.

En rigor, Oyarbide dispuso ayer hacer lugar a la mayoría de los requerimientos de la defensa, pero el tono del escrito tiene más de respuesta pública a las críticas que el jefe de Gobierno hizo al supuesto carácter sesgado de la investigación por las escuchas ilegales y a las acusaciones de «persecución política». En un escrito que técnicamente es llamado un auto en el que se responde a los planteos de la defensa, pero que suena a una carta de aclaración o un alegato de oreja, pero del juez al imputado en el cual detalla punto por punto que la mayoría de las medidas solicitadas por la defensa ya fueron realizadas.

«Me permito sugerir a la defensa técnica representada por los Dres. Feder y Rosental que, con el objetivo de cumplir con la alta tarea del arte de abogar... dediquen una atenta lectura tanto al sumario como a la documental reservada en Secretaría, la que estuvo y estará a disposición de esa parte cuando sea requerida. Ello a los efectos de evitar pedidos de las características del que aquí se trata», ironiza Oyarbide al comienzo del escrito y fundamenta su auto en el objetivo de «evitar -en lo sucesivo- el dispendio jurisdiccional que implica recordar a esa defensa aquellos actos procesales que ya fueron realizados en el sumario».

Testimonios

Luego de esta aclaración algo sarcástica, el magistrado precisa que tanto el legajo del supuesto espía, Ciro James, en la Policía Federal (a la que perteneció hasta setiembre de 2009, cuando pidió la baja para ingresar a la Policía Metropolitana), como las declaraciones testimoniales de los responsables del área de Divisiones Robos y Hurtos de esa fuerza -donde James trabajaba-, y el registro de llamadas del imputado ya fueron ordenados por el juzgado.

Respecto de este último pedido -las llamadas entrantes y salientes de James-, Oyarbide aclara que fueron solicitadas desde 2007 y rechaza el pedido de la defensa de rastrearlas a partir de 2004. «No se avizora cuáles son los elementos con los que cuenta la defensa para asegurar que el objeto procesal de este sumario debería abarcar también las llamadas realizadas desde el año 2004 a la fecha, cuando el circuito de interceptaciones ilegítimas aquí investigado habría comenzado a operar a partir de setiembre del año 2007», rebate Oyarbide y destaca que en esa fecha James retiró por primer vez casetes de la SIDE, en este caso pertenecientes al empresario Carlos Ávila.

Éste es uno de los puntos centrales de la defensa de Macri, que busca desligar al jefe de Gobierno de las intervenciones de los celulares del familiar de las víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, y de su ex cuñado, Néstor Leonardo, por las que está imputado, redireccionando la pesquisa a la SIDE y la Policía Federal.

Los abogados de Macri sostienen que James tiene más vinculaciones con la SIDE y con la fuerza federal que con el Gobierno porteño. El propio ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, denunció en su momento que la causa era una supuesta operación de la Policía Federal para frenar el avance de la fuerza metropolitana.

El magistrado también indica que ya se ha tomado el testimonio de Emilio Luciano Rosso y que se está analizando la situación de Jorge Zenarruza y Silvia Daniela Zanta. Todos ellos están vinculados a James y por eso la defensa de Macri había pedido que se los citara.