Reabren investigación sobre LAFSA

La creación y el funcionamiento de la línea aérea LAFSA, creada en 2003 para absorber el personal de las quebradas LAPA y DINAR, pero que nunca llegó a volar, continuará bajo la lupa de la Justicia. La Cámara Federal porteña ordenó reabrir una causa en la que el juez Daniel Rafecas había sobreseído a todos los acusados, entre ellos, José Alberto Bidart, exjefe de LAFSA.

La Sala I del tribunal atendió los planteos presentados por el fiscal Guillermo Marijuan y por la Oficina Anticorrupción en contra de los sobreseimientos dictados por Rafecas.

Involucrados

En concreto, deberá continuar la investigación respecto de los exdirectivos Bidart y el brigadier Jorge Eduardo Baravalle (consuegro del exministro de Economía Roberto Lavagna), junto con los también sospechosos Hugo Herrera, José Luis Bacarezza, Horacio Medina Consoli, César Carrizo, Hugo Cifala, Oscar Aste, Ricardo Spera, Walter Salama, Carlos Martínez y Guillermo Ballesteros.

La denuncia había sido presentada por la Oficina Anticorrupción sobre la base de contrataciones presuntamente irre-gulares efectuadas por el directorio de LAFSA, tanto de personal como de empresas, incluso luego de que en 2005 todos los trabajadores que debía absorber en su origen ya contaban con otro empleo.

Una de las objeciones a la labor de Rafecas estuvo centrada en su decisión de dividir la investigación en las contrataciones, por un lado, y en el convenio que firmó LAFSA con otra aerolínea, Southern Winds, en 2003, por otro. Los denunciantes alegaron que hubo discrecionalidad en el «desenvolvimiento comercial» de la compañía, que sin levantar vuelo mantenía un cuadro gerencial con salarios que llegaban entonces a los 14 mil pesos.

Apresuramiento

LAFSA fue una iniciativa del expresidente Eduardo Duhalde que quedó formalmente constituida en el Gobierno de su sucesor, Néstor Kirchner, pero que nunca llegó a tener aviones propios ni a volar.

Para los camaristas hubo de parte de Rafecas «una evaluación apresurada sobre la relevancia penal» de las contrataciones y decisiones denunciadas. Entre otras, la Oficina Anticorrupción mencionó contratos con empresas privadas y provisión de materiales. Algunas de esas firmas, de acuerdo con la presentación, fueron fundadas luego de la creación de LAFSA.