Reanudan causa por fraude de Marsans en Aerolíneas

Madrid - El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial española, consideró que es competencia de la Audiencia Nacional el caso relacionado con la venta de Aerolíneas Argentinas en 2001, por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de España, al grupo Marsans. Según la investigación abierta, la empresa de ese grupo, Air Comet, que se adjudicó Aerolíneas en el proceso de privatización, utilizó el dinero de la SEPI para comprar créditos de los acreedores de la compañía aérea, lo que le permitió convertirse en el principal acreedor en el concurso que se tramitaba entonces en la Argentina.

Por su parte, el Estado argentino perdió la posibilidad de litigar contra Marsans por la misma causa cuando en 2006 el Gobierno decidió firmar los balances de la empresa, que venían siendo objetados por el representante de las acciones estatales por el presunto fraude desde 2002. La decisión del Tribunal Supremo de España se produce cuando Aerolíneas Argentinas y Austral están reestatizadas desde septiembre de 2008; el Estado quedó a cargo de una deuda de u$s 890 millones, pero todavía las acciones están formalmente a nombre de Air Comet-Marsans.

Esto es así porque la ley autorizó al Ejecutivo a nacionalizar Aerolíneas y Austral mediante la compra de las acciones y la resolución sobre la deuda. Marsans no aceptó que el Estado se hiciera cargo del endeudamiento a cambio de las acciones, y litiga contra la Argentina en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial.

Un auto del Tribunal Supremo de España resolvió el conflicto entre el Juzgado de Instrucción de Madrid 35 y el Juzgado Central 6, e indicó que la competencia del caso debe pasar a este último. Están imputados en la causa los expropietarios del grupo Marsans, los empresarios españoles Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, este último expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Aerolíneas Argentinas fue privatizada en 1990 y vendida a Iberia, que años después la cedió parcialmente a la estadounidense American Airlines, compañía que la traspasó en 2000 a la SEPI, y esta en octubre de 2001 a Marsans, grupo dueño de Air Comet, aerolínea hoy liquidada.

El Juzgado 35 dictó una resolución en septiembre de 2009 por la que se «inhibía» en favor de la Audiencia Nacional -tribunal especializado en delitos económicos-, por entender que los hechos que juzgaba podían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública.

La investigación iniciada por el Juzgado 35 de Madrid fue traspasada al Juzgado Central 6, al que le correspondió por turno, pero este consideró que el hecho no cumplía el requisito marcado por la ley de producir una repercusión mercantil de tal importancia que debiera ser la Audiencia Nacional la que se hiciera cargo del caso. Por eso, el Juzgado 6 devolvió la documentación al 35.

No obstante, y según lo dictado por el Tribunal Supremo, la entidad del caso debe pasar a la Audiencia Nacional, dado que «al afectar a más de una audiencia en el territorio debe reconocerse la competencia de la Nacional». En consecuencia, resolvió que la investigación debe pasar al Juzgado 6 de la Audiencia Nacional para que continúe con las diligencias abiertas.

Hasta octubre de 2001, la SEPI era propietaria del 99,2% de las acciones de Interinvest, entidad mercantil domiciliada en la Argentina, que poseía el 92,10% del capital de Aerolíneas Argentinas. La entidad estatal española vendió Interinvest en esa fecha a Air Comet (del grupo Marsans) por un dólar.

Asimismo, la SEPI aportó u$s 300 millones para que Air Comet liquidase las deudas que tenía la compañía aérea, tras firmar un documento que no fue remitido al Tribunal de Cuentas para la elaboración del primer informe de fiscalización sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas.

Con esos fondos, Air Comet compró la deuda de algunos acreedores importantes y logró que se aprobase el concurso de Aerolíneas con una quita del 60%. Al alterarse los términos del contrato firmado entre el vendedor y el comprador, la investigación abierta por la fiscalía española considera que Air Comet defraudó en el ejercicio fiscal cerrado al 28 de febrero de 2002 la cantidad de 99 millones de euros (u$s 134,6 millones de dólares al cambio actual) en el Impuesto sobre Sociedades.