Recesión terminó con superpoderes

Enrique Szewach

La Presidente acaba de anunciar el envío al Congreso de un proyecto de ley para limitar el monto que el Poder Ejecutivo puede utilizar, en el marco del Presupuesto nacional, para reasignar partidas de manera automática.

Si bien cualquier medida que acote la discrecionalidad del Ejecutivo en la asignación de fondos a espaldas de lo decidido por los representantes del pueblo y de las provincias es bienvenida, este capítulo no es el más importante dentro de los llamados «superpoderes». En efecto, estos mal llamados poderes especiales constan de tres aspectos diferenciados: el primero, que se ataca con esta medida, surge de la posibilidad que tenía el Poder Ejecutivo para reasignar partidas a lo largo del año, siempre y cuando no se alterara el resultado final del ejercicio (superávit o déficit) previsto originalmente. Esta capacidad no tenía límites explícitos, como ahora se quiere introducir, pero, en la práctica, tampoco era muy utilizada. De hecho, fue siempre una redistribución inferior a la que ahora se quiere autorizar.

No es mucho lo que se puede reasignar del Presupuesto original; el 60% de las partidas corresponden a salarios, jubilaciones, universidades y otros pagos escasamente flexibles. El resto se reparte entre obras públicas y subsidios varios, y allí, más que reasignaciones, la «costumbre» es demorar pagos y generar «créditos forzosos». En ese contexto, el límite del 5% del total del gasto presupuestado luce elevado. (La excusa de una eventual emergencia se supera, simplemente, convocando a las cámaras de urgencia).

En otro lado

Los verdaderos superpoderes estuvieron siempre en otro lado, en las llamadas «facultades delegadas» del Congreso al Poder Ejecutivo que se acumulan en miles de leyes desde el fondo de los tiempos y que una cláusula transitoria de la Constitución reformada en el 94 hizo caducar en el 99, excepto aquellas que se ratifiquen, expresamente, por ley (ratificación que vence a fines de agosto) y en la que se generó el kirchnerismo al subestimar sistemáticamente los ingresos fiscales de cada año.

Respecto de la delegación de poderes, éstos deben ser derogados, básicamente, porque la Argentina necesita recuperar credibilidad institucional. La división de poderes, el control cruzado, el control de constitucionalidad, los frenos y contrapesos al autoritarismo y a la centralización del poder forman un todo indivisible que hace al «buen gobierno» y que caracteriza a los países más prósperos en el mapa mundial. Es cierto que algunas «dictaduras», en especial, del mundo emergente asiático, como el caso de China, se presentan hoy como ejemplos de progreso. Pero no es menos cierto que, en primer lugar, su progreso es, justamente, consecuencia de una marcha lenta, pero consistente hacia marcos institucionales más democráticos y republicanos. En segundo lugar, la atracción de inversiones se ha logrado brindando costos muy bajos en materia laboral y «con garantía real», en el caso chino, de 2 billones de dólares de reservas en el Banco Central de ese país, invertidos, en grandes cantidades, en bonos del Tesoro americano, respaldando los «derechos de propiedad» de los inversores. Si China quiere mejorar, sistemáticamente, la calidad de vida de sus ciudadanos y pasar de ser una factoría masiva basada en salarios bajos a una potencia emergente moderna, no tendrá más remedio, más temprano que tarde, que convertir sus instituciones a la moderna «tecnología constitucional» que predomina en el resto del mundo, que crece y progresa. La Argentina no puede seguir dándose la triste condición de no tener un Poder Legislativo que legisle y un Poder Judicial independiente, si quiere aumentar, en serio, el ahorro disponible para la inversión y mejorar la calidad de vida de sus sectores más vulnerables.

El tercer aspecto de los superpoderes, como mencioné, surge de la sistemática subestimación, hasta este año, de los recursos presupuestarios. En efecto, el Poder Ejecutivo está facultado a asignar como se le antoje (en realidad, sujeto a un régimen muy laxo de control de los decretos de necesidad y urgencia) todos los fondos que excedan los presupuestados originalmente. La «técnica presupuestaria» del kirchnerismo desde 2003 ha sido, entonces, subestimar groseramente los ingresos previstos, mientras la mayoría oficialista en las cámaras aceptó, sin más, esta subestimación. A partir de allí, todo el dinero «sobrante» lo repartía el Ejecutivo a su voluntad. ¡Este reparto alcanzó el equivalente al 15% del PBI del período 2003-2008, algo así como 45.000 millones de dólares! Éstos han sido los verdaderos superpoderes.

Kriptonita

Sin embargo, en este aspecto en particular, no tiene sentido preocuparse. A la Presidente le llegó la kriptonita verde de la recesión. Por primera vez en su gestión, los ingresos presupuestados no están sobrestimados. En efecto, el Presupuesto 2009 supone un incremento de ingresos cercano al 15%. Y los números, hasta ahora, indican una evolución por debajo de ese porcentaje. Es más, es probable que haya que reducir algunos impuestos y coparticipar otros. Y también es probable, que la caída del consumo en el segundo semestre, producto del efecto gripe A, cambio de precios relativos a favor de servicios de demanda inelástica (electricidad, gas) y el aumento del desempleo, reduzca la variación de la recaudación respecto del año pasado. De manera que resulta difícil imaginar que «sobre» demasiado para repartir alegremente.

En síntesis, lejos de una concesión, Cristina subió el límite de lo efectivamente utilizado en reasignación de partidas y perdió, por su propia política económica, la sequía y la crisis internacional, los superpoderes que surgían de subestimar ingresos fiscales.

Será, entonces, tarea del Congreso eliminar los únicos superpoderes que importan y subsisten, los que surgen de una delegación de facultades que nunca debió ser hecha, bajo pena de ser acusados, sabiamente, de infames traidores a la Patria.