• EL AJUSTE DE $ 30 MIL M, SIN EMBARGO, ALCANZARÁ A LOS PROYECTOS QUE NO ESTÁN EN EJECUCIÓN Buenos Aires, el mayor distrito del país, se perderá de ejecutar obras por cerca de $7.500 millones. Santa Fe cuestiona discriminación.
María Eugenia Vidal, Antonio Bonfatti y Gonzalo Saglione
Los efectos de la estampida financiera de las últimas horas y el golpe de timón obligado que dio el Gobierno en relación con el ajuste en el gasto público siguieron generando ayer diversas reacciones en las provincias.
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La primera en querer cuantificar el daño que le provocaría al plan de infraestructura en su distrito la poda de $30 mil millones fue María Eugenia Vidal. La bonaerense, con el convencimiento casi obsesivo de centrar el eje del último tramo de su gestión en las obras públicas, recaló el lunes en Olivos junto con Horacio Rodríguez Larreta para escuchar de boca del propio Mauricio Macri el porcentaje de la merma que registrará Buenos Aires en los proyectos pensados para el futuro próximo. El Presidente le transmitió a la gobernadora que ese distrito perderá fondos por unos $7.500 millones, equivalentes al 25% de los $30 mil millones que anunció el ministro Nicolás Dujovne.
Los números le helaron la sangre a más de un operador de la política bonaerense preocupado en el diseño de la reelección de la mandataria. Un esquema donde la obra pública aparece como el factor determinante para garantizar, en mayor o menor medida, la continuidad de Vidal en 2019.
El recálculo obligó a los colaboradores de la gobernadora a rediseñar también la ingeniería financiera de los próximos meses, justo cuando las cuentas de la provincia parecían comenzar a oxigenarse a partir de los fondos extra por la eliminación del Fondo del Conurbano, que se traducen en unos $65 mil millones adicionales.
El efecto inoportuno del recorte le subió el tono también a la pelea intramuros que mantienen en Santa Fe los principales dirigentes de Cambiemos con el gobernante Frente Progresista por el plan de reforma constitucional que encara Miguel Lifschitz con ansias de lograr, además, una luz verde para su reelección, una instancia que hoy le está vedada.
Ayer, después de que el radical José Corral y el diputado Federico Angelini reaccionaran sin disimulo contra el proyecto reformista (ambos tampoco ocultan su pretensión de suceder a Lifschitz el próximo año), el oficialismo santafesino se convirtió en la única provincia en salir públicamente a cuestionar los recortes en obra pública y la decisión del Gobierno de volver a acordar con el FMI, en un tiro por elevación a Macri que ayudaron a gatillar los hombres de Cambiemos en Santa Fe.
"Entre enero y abril de 2018 el gob santafesino ejecutó obras por $3.907 millones. En igual período, Nación invirtió $582 M en nuestra provincia. Seguimos creyendo que las obras mejoran la calidad de vida de la población y aumentan la competitividad del sector productivo", exhibió en odiosa comparación el ministro de Economía, Gonzalo Saglione.
Más enfático, el presidente del Partido Socialista y exgobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, sostuvo que la vuelta al FMI significará un "retroceso" y un "ajuste" que afectará "especialmente a los que menos tienen".
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