Agentes de la Guardia Civil procedieron ayer a esas detenciones y a 259 registros en el marco de una trama de corrupción destapada en ayuntamientos y regiones contra acusados de cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de licitaciones por valor de 250 millones de euros en tan sólo dos años.
Es la llamada Operación Púnica, ordenada por un juez de la Audiencia Nacional y ejecutada por agentes de la Guardia Civil que ayer detuvieron a media docena de alcaldes de la región de Madrid y a un exvicepresidente de esta comunidad, así como al presidente de la Diputación Provincial de León (norte) y cargos públicos menores de otras instituciones. El detenido más ilustre es Francisco Granados, quien durante años fue vicepresidente de la región de Madrid y "número dos" del PP en esta comunidad, liderada por Esperanza Aguirre.
Entre los alcaldes detenidos figuran los "populares" José Carlos Boza, de Valdemoro (71.500 habitantes) y Agustín Juárez, de Collado Villalba (62.600 habitantes), así como el socialista José María Fraile, de Parla (125.600 habitantes).
Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama estaba "infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías" y obtenía contratos públicos en "connivencia" con ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y empresas de servicios de energía. La contrapartida a esos contratos era el pago de comisiones ilegales, a costa de las cuentas municipales y regionales. Los beneficios eran blanqueados a través de un entramado societario con ayuda de empresas que a su vez también servían para conseguir los servicios y los contratos, contraviniendo la libre competencia.
La operación empezó en enero, después que la Audiencia Nacional accedió a una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo.
Si este mismo fin de semana el presidente Mariano Rajoy insistía en que la corrupción no está generalizada en el país, ayer las siglas de su partido volvieron a los titulares envueltas en la palabra más temida. Para la formación conservadora, el resultado de la redada supone un duro golpe a las puertas de un año electoral en el que se celebrarán comicios municipales, regionales y generales en el país.
Por lo pronto, el gobernante PP y el PSOE reaccionaron con la medida de suspender de militancia a sus correligionarios detenidos.
La respuesta pretende hacer frente al creciente descontento que la corrupción genera entre los españoles. El sondeo mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reflejó en su última edición, el pasado 7 de octubre, que la corrupción es el segundo mayor problema que ven los españoles, sólo por detrás del desempleo.
Y es que los españoles han asistido en los últimos años a numerosos casos de corrupción en ayuntamientos y regiones, vinculados generalmente al otorgamiento de licencias y adjudicaciones en obras y servicios.
Los tribunales se ocupan desde hace tiempo de investigar y de depurar responsabilidades en ese tipo de casos, que afectan a los dos grandes partidos (PP y PSOE), pero también a sindicatos y empresarios.
La Audiencia Nacional investiga la contabilidad B del Partido Popular durante años, mientras su extesorero Luis Bárcenas lleva en la cárcel más de un año y surgen informaciones sobre el pago "en negro" de gastos del partido.
Otro caso que indignó a los ciudadanos en estas semanas es el del expresidente regional de Cataluña Jordi Pujol, quien admitió haber tenido cuentas en Andorra, mientras varios de sus hijos son objeto de sumarios judiciales por presunta corrupción.
| Agencias EFE, AFP, ANSA y DPA, y Ámbito Financiero |

