La Paz (AFP) - El inicio de un proceso de regularización de latifundios volvió a enfrentar al gobierno boliviano y las autoridades del departamento de Santa Cruz, al tiempo que las autoridades nacionales, que ya usaron a policías para esta tarea, no descartaron incluso recurrir a militares. Los ganaderos y otros sectores afines al gobierno de Santa Cruz, opositor al presidente Evo Morales, iniciaron protestas contra el «saneamiento» ( verificación de la situación de propiedad) de tierras que realiza el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Este procedimiento pretende ver si hay irregularidades en la titulación de latifundios o si están asentados sobre tierras indígenas.
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Rubén Costas, prefecto (gobernador) de Santa-Cruz, la región más rica del país, inició una querella judicial contra el INRA, oficina que ingresó el fin de semana a la zona de Alto Parapetí, 1.200 km al sudeste de La Paz, a inspeccionar unas 100.000 hectáreas en poder de hacendados.
«Militares y policías con pasamontañas están impidiendo la libre transitabilidad en la zona del Chaco (donde está Alto Parapetí) y prácticamente saquearon propiedades», denunció Costas al matutino «El Deber», al confirmar que dos campos privados fueron intervenidos.
Una de las propiedades es del rico estancieroestadounidense Ronald Larsen, que según el gobierno boliviano posee 17 fincas con una extensión de 57.000 hectáreas, algunas de ellas sobre tierras de indígenas guaraníes del Chaco, una zona que colinda con Paraguay. El gobierno denunció que en Alto Parapetí unas 1.000 familias de indios fueron reducidas al estado de servidumbre y que una de las razones para el rechazo al ingreso del INRA al lugar es evitar su liberación. El poderoso gremio patronal Confederación Agropecuaria Nacional ( Confeagro) se declaró en emergencia al sostener que el Poder Ejecutivo lleva adelante su programa de inspección de la propiedad de tierras al margen de la ley.
El presidente de Confeagro, Christian Sattori, afirmó que el gobierno está provocando « tensión y enfrentamientos» en el Chaco boliviano, pese a que -según dijo- se comprometió a que el problema sobre la propiedad de la tierra se resolvería de manera concertada «y no unilateral».
En Alto Parapetí, donde el gobierno desplazabrigadistas con apoyo policial, existe la amenaza de que se desencadenen violentas protestas, por la advertencia de ricos latifundistas de movilizarse para rechazar los planes oficiales, según informaron periodistas locales.
En ese marco, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, responsable directo de la regularización, dijo que el gobierno no puede estar al margen del control territorial. «Tenemos que establecer los derechos propietarios legítimos», afirmó Almaraz, que justificó la realización de las pericias con el apoyo policial por la amenaza de los latifundistas de defender sus bienes a tiros. El viceministro también dijo que estas acciones gubernamentales se replicarán en el departamento amazónico de Beni, donde también existen hacendados, y no descartó utilizar la «fuerza pública».
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