El rechazo de Elisa Carrió al proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal con la que el Gobierno pretendía arrinconar a la procuradora Alejandra Gils Carbó arrastró la iniciativa a un impasse parlamentario indefinido, con grandes chances de naufragar por completo. Como adelantó Ámbito Financiero, el dictamen que pretendía ser discutido en el recinto mañana generó un quiebre en el interior de Cambiemos que tocó su pico con la mácula de inconstitucional con la que la diputada aliada lo calificó. La grieta interna generó diálogos informales de última hora entre el líder del Frente Renovador, Sergio Massa -quien estaba interesado en el avance de la idea por el estratégico lugar de Graciela Camaño al frente de la Comisión Bicameral que controlaría al MPF- y el líder de la bancada de senadores peronistas Miguel Ángel Pichetto. Ambos, a su manera, le restaron apoyo, lo que hirió de muerte los acuerdos previos. El oficialismo quedó así enredado en su propia interna sin contar la resistencia judicial que motivó que la propia Asociación de Magistrados saliera al cruce del proyecto. Enemiga de la procuradora, la poderosa agrupación de jueces también fustigó el corazón de la norma.
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En el PJ se corrieron a observar una nueva crisis dentro del oficialismo. Reconocieron que el proyecto por el que había jugado sus fichas el ministro de Justicia, Germán Garavano, era por ahora un asunto de los Diputados. Y si dentro de Cambiemos, la que "gobernaba" era Carrió, entonces era un problema de Cambiemos del que ellos, por ahora, podían declararse prescindentes. Massa hizo lo propio para poder desconocer los acuerdos previos que iban a permitir la media sanción.
Carrió dinamitó el proyecto al blanquear cuáles iban a ser los dos puntos centrales que planeaba objetar: si bien coincidía en señalar la necesidad de un "equilibrio" para la Procuración que el proyecto apuntaba a salvar, señalaría que la duración del cargo (5 años) no reflejaba la voluntad de la reforma constitucional de 1994, cuando se dotó de autonomía al Ministerio Público Fiscal. Ese plazo, afirmó, no obedecía a un diseño institucional adecuado, sino a la necesidad de desplazar a Gils Carbó. Por este punto, los "lilitos" insistirán con el pedido de juicio político a la procuradora como única vía para removerla, ya que consideran probada la comisión de delitos y de excesos en sus funciones. El otro obstáculo para Carrió es la cantidad de facultades delegadas en la Bicameral que se transformaría de un órgano de control a uno de revisión y co-gobierno. Con esto, se desnaturalizaría la función del procurador, que pasaría a depender en forma constante de los legisladores que integren la comisión. El diputado Fernando Sánchez ya había dado un indicio de la posición al firmar en disidencia parcial el dictamen oficial. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez -uno de los referentes en materia jurídica de la diputada- directamente tachó al proyecto de inconstitucional y recordó que en la reforma de la Constitución, la opción de limitar el mandato a un lustro había sido desechada como opción. Todo esto colaboró a herir de muerte el proyecto gubernamental, antes incluso de haber pasado la primera prueba.
En sintonía con la Asociación de Fiscales y diversas ONG vinculadas al derecho, ayer se sumó el rechazo de la Asociación de Magistrados, la que a través de un comunicado manifestó "su preocupación" por la posibilidad de que se "atente contra la independencia" del MPF. Por ello, exhortó "a los legisladores a que obren con la mayor prudencia a la hora de decidir la participación de la Comisión Bicameral en las decisiones de gobierno del organismo". "Los fundamentos de la iniciativa legislativa parecen reposar básicamente en cuestiones que tienen que ver con la persona de la Sra. procuradora General de la Nación, que deberían ser planteadas, analizadas, juzgadas y resueltas en el ámbito del pertinente proceso disciplinario", sostuvieron para apuntalar que el proyecto oficial tiene como único objetivo cercar a Gils Carbó. La Asociación tiene tantos reparos con la procuradora como el propio Gobierno, pero visualizaban un avasallamiento similar al que, en su momento, intentó Cristina de Kirchner. "A partir de mañana, pasamos a ser todos empleados de la Bicameral". Con esa frase, un fiscal federal de Comodoro Py resumió el fastidio de sus colegas contra el dictamen aprobado que ponía en manos del Congreso la definición del destino de hasta 37 cargos clave, de los cuales 7 corresponden a Comodoro Py.
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