Retrocede el Gobierno en presión sobre jueces

Edición Impresa

La diputada kirchnerista y consejera de la Magistratura, Diana Conti, presentará hoy su informe sobre el desempeño de los jueces frente a los cortes de ruta y propondrá desestimar la denuncia presentada ante el cuerpo en abril de 2008 por el titular del sindicato de Empleados de la Justicia, el kirchnerista Julio Piumato. Un dictamen que evita sumar más tensiones a las ya estresadas relaciones entre el Gobierno y el campo, y que probablemente hubiese sido fustigado por la oposición, acusando al oficialismo de avanzar una vez más sobre la Justicia. La consejera propone, sin embargo, mantener abierto el expediente «para permitir que el Consejo de la Magistratura ejerza un control periódico sobre la actuación de los magistrados frente a las manifestaciones públicas».
El dictamen que Conti someterá a votación mañana en la Comisión de Disciplina y Acusación (de la que es presidente) remarca que las manifestaciones públicas están protegidas por la Constitución «porque son un ejercicio del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión». En ese sentido, argumenta que, de las actuaciones informadas por todos los juzgados federales del país, «no surge una irregularidad cometida por un magistrado que configure una falta disciplinaria».
Más allá de la apreciación general, la consejera sostiene que, según la Relatoría para la Libertad de Expresión y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el derecho a manifestarse presenta límites, para evitar tensiones con otros derechos, como el de la libertad de circulación. Según el informe, ambos organismos han indicado esos límites y establecido criterios para la protesta. Conti los retoma y recomienda a los jueces tenerlos en cuenta a la hora de intervenir en estos casos. Entre los criterios, el texto destaca que «la manifestación debe servir a un interés público y dejar otras vías alternativas de comunicación», así como remarca que se debe notificar previamente.
La denuncia presentada por Piumato acusaba sin ningún tipo de individualización a todos los jueces federales, alegando que no habían aplicado «la ley penal como sí lo hicieron frente a los cortes de rutas nacionales efectuados por los grupos de desocupados denominados «piqueteros». El expediente quedó a cargo de Conti («por sorteo», subrayó su entorno), quien pidió informes a todos los juzgados del país.
En sus conclusiones, la consejera afirma que no hubo un solo criterio y que en la mayoría de los casos, las causas no avanzaron porque no fueron impulsadas por los fiscales (quienes a veces ni denunciaron el corte). Agrega que muchos magistrados actuaron «de oficio e informalmente para tratar de gestionar el conflicto evitando la criminalización y, a su vez, impidiendo que las medidas adoptadas por los productores agropecuarios afecten significativamente el derecho a la libre circulación».
Hay una cuestión central que sobrevuela el conflicto: no sólo la Argentina ha adherido a tratados internacionales que reivindican el derecho de reunión y la libertad de expresión, sino que el Gobierno ha presentado estos mismos argumentos en cuestiones como el proceso en la Corte Internacional de La Haya sobre el conflicto con Uruguay por la instalación de la pastera Botnia. El Gobierno sostuvo estos parámetros, en la línea de la doctrina desarrollada por el constitucionalista Roberto Gargarella, autor de «El derecho a la protesta. El primer derecho». Con ese argumento, fue a La Haya para responder la acusación del Uruguay de que el Gobierno consiente los cortes de los puentes hacia el Uruguay.
El dictamen que será votado hoy evita así más críticas de la oposición y del Poder Judicial por el manejo oficialista del Consejo, al mismo tiempo que no sube la apuesta a los manifestantes agropecuarios (a quienes el Gobierno estaría tratando aprovechar políticamente y presentar como grupos radicalizados que no quieren negociar la tregua). Al fin y al cabo, el expediente queda abierto, en el cajón y disponible para ser utilizado cuando se necesite.

Dejá tu comentario