Ruralistas resisten subas del Inmobiliario en provincias

Alfredo de Angeli

Con las urgencias financieras de las provincias como incómodo telón de fondo, el campo salió a resistir una nueva oleada de subas en el Impuesto Inmobiliario Rural.

El caso más emblemático se vive en Entre Ríos, gobernada por el kirchnerista Sergio Urribarri, donde el dirigente local de la Federación Agraria Argentina, Alfredo Bel, aseguró que el sector resolvió «no pagar el impuesto en su primer vencimiento», previsto para el 9 de abril, a la espera de que se forme una mesa de negociación. «Se recomienda a los productores la prórroga en el pago, hasta que se logre modificar esta medida confiscatoria», fue la sugerencia de la Mesa de Enlace provincial.

Impacto

Los ruralistas denuncian que el tributo vendrá con alzas de hasta el 600%, de la mano de la aplicación por primera vez de la totalidad de una fórmula para calcular el monto a pagar.

En paralelo, en Buenos Aires, el campo desplegó ya advertencias sobre el gobernador Daniel Scioli, luego de que trascendiera que el Ejecutivo evalúa la posibilidad de aplicar un revalúo de tierras -con subas en el valor fiscal que podrían trepar hasta el 500% y con impacto en el Inmobiliario Rural-, que podría activarse durante la segunda mitad del año o a principios de 2013.

Días atrás, en Santa Fe, el socialista Antonio Bonfatti recibió al titular de la FAA, Eduardo Buzzi, para analizar la suba «progresiva» del Inmobiliario Rural que propone el Ejecutivo.

A la espera de un nuevo encuentro de carácter técnico que se concretará hoy, Bonfatti afirmó que la entidad reconoció «el atraso» que exhiben la alícuota del gravamen y «también la tasación fiscal en la provincia». «Si el Gobierno toma la decisión de aumentar el avalúo fiscal, creemos que no debe hacerlo para todos los productores por igual», remarcó desde la FAA, días atrás, Omar Príncipe.

Desde fines de 2011, de la mano de la sanción de los proyectos de presupuestos 2012, varios gobernadores avanzaron en la estrategia de aumentar impuestos para incrementar las recaudaciones locales, en un contexto signado por un déficit provincial estimado para este año de $ 16 mil millones.

Uno de los tributos estrella, en ese sentido, fue el Impuesto Inmobiliario Rural, que sufrió aumentos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Tucumán, entre otros distritos.

Este año, en sintonía, debutó con nuevas avanzadas en materia de incrementos del tributo agrario.

Entre Ríos, sin embargo, es un caso especial. Allí el Gobierno ratificó que avanzará en el cobro del impuesto como lo dicta la Ley 8.672, y recalcó que no se dispuso una suba del tributo.

Fórmula

El titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, Marcelo Casaretto, explicó que esa norma, de 1992, estableció una fórmula para calcular el impuesto en función de la aptitud de la tierra y su rendimiento, y los precios obtenidos por la producción durante los cinco años anteriores.

«Cuando tenía que aplicarse el aumento en 2009, los productores fueron a la Legislatura y consensuaron que se aplicara 25% un año, 50% el otro, 75% el otro y que en 2012 se aplicara el impuesto plenamente», remarcó, además de afirmar que luego se aplica «a cada avalúo una alícuota progresiva, que parte del 0,9% y va creciendo con el valor del campo, hasta el 2,3%.

El funcionario destacó, además: «En este caso, cuando consideramos los precios y las cantidades del sector de los últimos cinco años, nos da que el sector está en una situación relativa mucho mejor que cinco años atrás». «Cuando los precios del sector suben, el Impuesto Inmobiliario Rural sube», dijo.

Pero para las entidades de la Mesa de Enlace provincial, el incremento es «confiscatorio». En esa mirada coincidió la UCR entrerriana, aunque cuestionó el llamado a una rebeldía fiscal.

En ese marco, el titular de la FAA provincial, Alfredo de Angeli, adelantó que la Mesa de Enlace desplegará asambleas en distintas ciudades, y que no se descarta una marcha a Paraná.

En Buenos Aires, en tanto, el director ejecutivo de CARBAP, Alfredo Rodes, aseguró que «los directivos» de la entidad «considerarían muy desafortunado cualquier cambio en el Inmobiliario, con prácticamente 20 millones de hectáreas cursando la emergencia agropecuaria por sequía y con pérdidas de más de 1.500 millones de dólares».

Por eso ya pidieron una audiencia con Scioli para elevar su preocupación -compartida por la Sociedad Rural Argentina-, que se suma al malestar por la «quita» de 5 puntos de una bonificación del 25% que -dicen- percibían por buen cumplimiento en el pago del Inmobiliario. Las boletas, por de pronto, ya llegan con el alza de fin de 2011 de hasta el 27%.