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Sacan del Senado e inhabilitan a la senadora Córdoba
Piedad Córdoba, la senadora liberal colombiana, se hizo internacionalmente conocida por sus exitosas mediaciones ante las FARC, que derivaron en repetidas liberaciones de rehenes. Ahora la acusan de connivencia con los terroristas.
En un comunicado, la Procuraduría (Ministerio Público), encargada del control disciplinario de los funcionarios públicos, basó sus decisiones contra la legisladora en la acusación de «haber promocionado y colaborado» con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La senadora, del Partido Liberal y con cuya mediación ante las FARC -algunas en colaboración con Hugo Chávez- se logró en los últimos años la liberación de 12 personas que esa guerrilla tenía cautivas, respondió de inmediato a través de Twitter que es «inocente» y que está reunida con sus abogados para preparar su defensa.
«Buenas tardes amigos, en este momento estoy reunida con mis abogados sobre decisión del Procurador. Tranquilos que Piedad Inocente», escribió la legisladora en Twitter.
Córdoba, quien regresó ayer de Caracas, no quiso hacer declaraciones a los periodistas a su llegada al aeropuerto Eldorado de Bogotá, de donde salió por una puerta lateral. Según medios locales varias personas que estaban en el aeropuerto le gritaron «vendepatria».
La investigación de la Procuraduría se inició a partir de los documentos hallados en los computadores del ex portavoz internacional de las FARC Luis Edgar Devia, «Raúl Reyes», abatido en un bombardeo del Ejército colombiano en Ecuador el 1° de marzo de 2008.
Consejos
Tras cruzar información con organismos como la Corte Suprema, la Fiscalía, la Interpol y la Policía Judicial,
la Procuraduría estableció «con certeza» que la senadora aconsejó a las FARC no enviar videos de personas secuestradas, pero sí grabaciones de voz, «con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos».
Constató también que «instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a Gobiernos de otros países», aunque la Procuraduría no menciona cuáles.
Asimismo, según la Procuraduría, la política «efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo».
En una rueda de prensa posterior al anuncio del Ministerio Público, el procurador general, Alejandro Ordóñez, explicó que le pidió a la Corte Suprema que investigue la presunta responsabilidad de Córdoba en delitos de lesa humanidad cometidos por las FARC.
El abogado de la senadora, Ciro Quiroz, anunció por su parte que apelará la sanción, de la que dijo que no tiene «precedentes» y que fue impuesta «con sevicia».
«Es una sanción sin precedentes en la historia de Colombia y se nota cierta sevicia del operador judicial, como quiera que la senadora le tiene denuncias también al señor procurador», manifestó Quiroz.
Críticas
Adelantó que «hará uso de los recursos respectivos» para «impugnar» la providencia emitida por la Procuraduría contra su defendida.
Mientras, políticos y ex rehenes liberados gracias a las gestiones de Córdoba, como el ex senador Luis Eladio Pérez, criticaron la decisión de la Procuraduría, al considerar que se trata de una «persecución».
«No estoy de acuerdo con que silencien a Piedad Córdoba», afirmó en Twitter Gus-tavo Petro, ex senador y ex candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda).
El defensor de derechos humanos Iván Cepeda, miembro del grupo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), liderado por Córdoba, indicó que ese grupo se va a oponer, «mediante las vías legales», a la sanción contra la senadora.
«Estoy seguro de que la senadora saldrá airosa de es-ta persecución por parte de la Procuraduría», subrayó Cepeda.
Agencias EFE, AFP y Reuters
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