El Gobierno invitará a una organización social cercana al papa Francisco, que pedirá un 50% de suba. Triaca espera topear en el 20% el aumento. Por primera vez el piso salarial definirá el valor de unos 400 mil subsidios.
El Gobierno tiene previsto sumar a una organización social al debate por el Consejo del Salario que se celebrará el 27 de junio. Se trata de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). La decisión, inédita en la historia de la institución, apunta a descomprimir la potencial conflictividad desde esos sectores durante las discusiones en vista de que por primera vez, como adelantó este diario, el piso salarial resuelto en esa instancia tendrá incidencia directa sobre el valor de unos 400 mil planes sociales.
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En el Ministerio de Trabajo confirmaron que está resuelto incorporar la CTEP, una organización surgida del Movimiento Evita, que coordina Juan Grabois y que obtuvo en las últimas horas de Cristina de Kirchner en el poder su "personería social", un reconocimiento que en la práctica la emparenta con los sindicatos. La figura de Grabois creció en los últimos años a partir de su cercanía con el papa Francisco.
La participación de la entidad, sin embargo, no será de pleno derecho porque eso demandaría reformar la ley que creó el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Es que esa instancia tiene como interlocutores formales a las cámaras empresarias y la CGT, como única central con reconocimiento pleno por la Ley de Asociaciones Sindicales, que consagra el monopolio de representación gremial en la Argentina. De hecho la CTA (en la actualidad, dividida) pudo sentarse en esa negociación años atrás por decisión política del Gobierno anterior, que hizo que la CGT le cediera una de sus sillas.
Para zanjar ese impedimento legal el Gobierno inició conversaciones con la CGT para convencer a sus líderes de brindar un espacio a la CTEP. Los propios dirigentes sociales se pusieron en contacto con el triunvirato de la central mayoritaria con ese propósito. Uno de sus miembros, el portuario Juan Carlos Schmid, tal vez el más cercano a los movimientos sociales, ya dio un primer aval a esa posibilidad. Todo indica que no habrá mayores objeciones: al momento de su reunificación, en agosto pasado, la CGT inició un sendero de asimilación de algunas organizaciones sociales como la CTEP, el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, que promete convertirse en estructural a mediano plazo.
El Gobierno también alentó la incorporación del nuevo actor por entender que de todos modos se haría presente en el debate, si no desde adentro en las calles mediante protestas. Es que por primera vez, a partir de la sanción a fin de año de la Ley de Emergencia Social, el denominado "salario social complementario"-que equivale al monto de los planes que reparten el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires-, se ajustará en función de la variación del sueldo mínimo, que en la actualidad es de $8.060. El salario social es la mitad, es decir 4.030 pesos.
La organización social adelantó que, invitada o no, reclamará subir casi 50% el salario mínimo. "El piso salarial no puede ser menor a 12 mil pesos. Nuestra postura es que ese monto tiene que estar en línea con la canasta de pobreza (en la actualidad de casi 14 mil pesos) y que el salario social, que ahora depende de ese piso, debe llegar a 6.000 pesos y no puede estar por debajo de la línea de indigencia", le dijo ayer a este diario Grabois.
La postura de la CTEP dista mucho de las previsiones oficiales y hasta de las perspectivas de la CGT. Mientras el Gobierno espera replicar la pauta de 20% de aumento que consiguió en algunas paritarias, de modo de subir el piso a $ 9.672 -y cree contar con el aval de los gremios que firmaron en esos niveles- un sector de la central obrera mayoritaria intentará estirar el incremento al 25% (10.075 pesos) en tanto que las CTA reclamarán llegar a un valor de entre 14.000 y 15.000 pesos.
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