Schoklender: buscan en sociedades y “cuevas”

Desarmar la madeja de sociedades anónimas en torno de Sergio Schoklender y profundizar en el mecanismo a través del cual se sospecha del desvío de fondos públicos a mesas de dinero serán los objetivos centrales esta semana en la investigación en torno del exapoderado de Madres de Plaza de Mayo. Esos propósitos están contenidos en la batería de medidas que ordenó el juez federal Norberto Oyarbide el viernes, antes de arrancar por la tarde dos semanas de vacaciones.

En el combo de procedimientos dispuesto hay llamados a testimoniales, embargos e inhibiciones pero, en principio, no figuran allanamientos ni indagatorias. Los bríos iniciales que hicieron creer que el mayor de los Schoklender sería indagado como sospechoso dieron paso a una mayor cautela por parte de Oyarbide y de los fiscales Jorge Di Lello y Raúl Pleé.

El magistrado ya había ordenado varios allanamientos sobre dependencias de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y en un country de Pilar en el que varias viviendas figuran como ligadas a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. También había resuelto levantar el secreto fiscal y bancario sobre Alejandra Bonafini, la hija de la líder de Madres que quedó a cargo de la entidad. Y trabó embargo sobre cuatro departamentos vendidos luego de que estalló el escándalo.

Esta semana, a partir de las medidas que dispuso el juez, se prevé que los investigadores buscarán en las «cuevas financieras» en las que se presume habrían sido cambiados cheques con fondos para la realización de obras de Madres.

La arquitectura de esas mesas de dinero era una parte central de los requerimientos hechos por Di Lello y Pleé al magistrado. Los fiscales a su vez habían fundado sus sospechas a partir de reportes bancarios de operaciones sospechosas y en la denuncia de dos diputadas de la Coalición Cívica.

En paralelo, se avanzará en la constitución de decenas de sociedades anónimas creadas en torno de los mismos protagonistas: además de los Schoklender, figuran en esa nómina socios como Alejandro Gotkin, José Fernando Caparrós Gómez y Daniel Laurenti. Para analizar esas sociedades se presumen los testimonios de los escribanos que intervinieron en las fundaciones. Entre ellos resalta el nombre de Marta Cascales, la pareja del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que entre 2003 y 2004 firmó la constitución de Meldorek (la firma que quedó en manos de Schoklender el año pasado) y de otras cuarenta compañías.

Otros escribanos mencionados en la denuncia son Sebastián Reynolds (certificó el año pasado el cambio accionario de Meldorek a favor de Schoklender y luego la creación de Gorlac, de Laurenti); Ricardo Oks, Andrés Federico Mejía, y Pablo Sucalesca. Además podría pedirse el testimonio de Carlos Gaitán, que aparece como participante de diez operaciones inmobiliarias y de compra de bienes en menos de cuatro años.