Scioli envió ley de jurados

El gobernador anunció el giro del proyecto a la Legislatura acompañado por el ministro Ricardo Casal.

Buenos Aires - En línea con lo anticipado en su discurso de apertura de las sesiones legislativas ordinarias, el gobernador justicialista Daniel Scioli envió ayer al Parlamento bonaerense el proyecto de ley para instaurar el mecanismo del juicio por jurados, que ya rige en Córdoba desde 2005.

Según el mandatario, la iniciativa «permitirá una fuerte participación ciudadana en todo lo que es la reso-lución de litigios que se puedan presentar».

El texto apunta a instaurar el sistema en los casos de delitos graves, para que sean ciudadanos comunes los que decidan si los acusados son culpables o inocentes.

Scioli sostuvo además que el proyecto se encuentra en la misma línea de lo que fue la puesta en marcha de la figura de la Policía Judicial -que actualmente se encuentra en debate- y del defensor del pueblo, que -remarcó- «era una asignatura pendiente en nuestra Constitución provincial de 1994».

En paralelo, el exvicepresidente destacó la tarea realizada por el ministro de Justicia y Seguridad local, Ricardo Casal -cuestionado por un sector del kirchnerismo-, y por todo su equipo, «por haber trabajado junto a técnicos y especialistas en la elaboración del proyecto» de juicio por jurado.

«El próximo lunes presentaremos la mediación civil, tras 159 años de la primera Constitución Nacional», anticipó además Scioli, al compartir una ceremonia en la sede gubernamental de la capital bonaerense, junto a Casal y a los subsecretarios César Albarracín (Política Criminal e Investigaciones Judiciales), y Carlos Cervellini (Justicia).

Días atrás, Casal adelantó que los jurados populares estarán compuestos por 12 ciudadanos comunes -sorteados del padrón electoral, bajo la idea de la «carga pública»- más el presidente del tribunal, que será el juez letrado.

El jurado será el responsable de determinar el veredicto -si el acusado es culpable o inocente-, mientras que el juez dictará la sentencia final, con la calificación y tenor de la pena.

Pionera en esta materia es Córdoba, tras la aprobación de la ley de rigor

en la Legislatura el 22 de septiembre de 2004 por impulso del por enton-

ces gobernador José Manuel de la Sota (hoy, de nuevo en el poder). Ese día, participó de la sesión un fogonero de la iniciativa, Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, asesinado en un secuestro extorsivo en marzo de ese año.