Se activa pelea del Gobierno con la Justicia por recorte de fondos

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• CASA ROSADA BAJÓ MENSAJE DE "ESFUERZO"; JUECES, EMPLEADOS Y ABOGADOS ENCENDIERON ALARMAS POR PODA
Consejo de la Magistratura giró pedido de $35 mil millones para 2019 que se suman a los $10 mil de la Corte Suprema. En el Ejecutivo pretenden contraofertar. Dudas por administración de los fondos en el Poder Judicial.

El Poder Judicial se mostró preparado y en alerta para resistir cualquier intento del Poder Ejecutivo de podar el Presupuesto 2019 destinado al servicio de administración de Justicia. Jueces y empleados judiciales (y también los abogados porteños) ya anticiparon que se blindarán ante un eventual recorte, mientras que el Consejo de la Magistratura elevó ayer a la Casa Rosada su anteproyecto de gastos para el año próximo que supera holgadamente los $35 mil millones. Todo eso cruzado por un contexto de crisis económica, con mensajes oficiales de austeridad y en medio de una transición por la administración general de los fondos, luego de la partida del larretista Agustín Cinto del órgano de selección y remoción de magistrados. Por carril paralelo se agregó la prevención de la Corte Suprema, que la semana pasada se atajó calificando de "insuficientes" los techos propuestos por Hacienda. Exigió $10.118.765.831 para el año próximo, cifra que incluye gastos de personal, bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso. Por detrás, subyace el estratégico objetivo de mantener lo más lejos posible del Gobierno los $14 mil millones del fondo anti cíclico, que un sector de Cambiemos especula con algún día poder arañar.

Las señales de alarma entre gremialistas, magistrados y letrados se activaron fruto de una reunión ocurrida hace dos semanas entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el Ministro de Justicia, Germán Garavano y el de Hacienda, Nicolás Dujovne, con los integrantes del máximo Tribunal. Según la versión del oficialismo, los delegados gubernamentales pidieron un gesto de "esfuerzo" antes de que la Corte garabateara sus números. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales reconocieron el encuentro (como parte de las reuniones periódicas que mantienen desde que refundaron la relación con la Casa Rosada), pero que no se bajó ningún mensaje de ajuste. De hecho, desde la Corte orientaron sobre la cifra que mostraría su requerimiento, y Peña no mostró objeciones. Es el único signo que se evalúa desde el máximo Tribunal, que se considera blindado de cualquier tijeretazo. En tribunales no creen que pase lo mismo con el Consejo de la Magistratura, cuyo recambio a fin de año terminó por despoblar de interlocutores la puja por el presupuesto. Administran más del 70% de los recursos del Poder Judicial en todo el país.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Unión de Empleados de Justicia unificaron un documento contra el recorte que presumen que el Gobierno impulsará en torno del 40% de los fondos para los juzgados y los ministerios públicos. "Resulta inadmisible que el Gobierno intente trasladar al Poder judicial sus propios desmanejos en materia económica", sentenciaron ambas entidades, que alertaron sobre eventual "paralización" de la Justicia por carencias extremas. Buscaron la espalda de la Corte, a la que pusieron a la cabeza de la garantía de independencia judicial. Unos días antes, el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti catapultó su pedido de fondos de manera individual, al que el Gobierno todavía no respondió con una contraoferta. La poderosa Asociación de Magistrados emitió el viernes un comunicando adhiriendo a la postura del CPACF y de Piumato: "rechazamos cualquier limitación al presupuesto", indicó la asociación de jueces que reclamó garantías para su cumplimiento.

A toda esta convulsión se agregó un fallo del 31 de agosto del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 3, subrogado por Florencia Massa, que se pronunció a favor de la Asociación de Judiciales que reclamó -vía amparo- la implementación de paritarias en el Poder Judicial de la Nación, alegando que se trata de un derecho al que acceden todos los trabajadores organizados. Es el Expediente Nº 53.179/2018 caratulado "Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de La Nación C/EN-PJN-CSJN- S/ Amparo por mora". La demandada es la propia Corte.

El plenario del Consejo que preside Miguel Piedecasas votó ayer por validar el anteproyecto presupuestario diseñado por el saliente Cinto. En casi 200 carillas enumera las necesidades de fondos para 2019 en $35.801.339589 por todo concepto. Consideró personal por 24.311 cargos, un plan de inversiones acotado a la infraestructura necesaria y el pedido para inversión tecnológica en equipamiento y software, además de servicios básicos de seguridad. Además de destacar en cuadros comparativos que el incremento de fondos es de poco más de $3 mil millones más que en 2018, el Consejo solicitó remitírselo a la Corte para su consideración.

El interrogante es la pelea que sobrevendrá ahora entre el Gobierno y el Consejo para defender las partidas solicitadas, con los gremios y los jueces en pie de guerra, mientras la Corte se prepara para ubicarse como espectadora de lujo en la contienda.

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