Se acumulan reclamos por las facturas de gas

Alejandro Amor

Tras la llegada de las primeras facturas de gas de este invierno, las oficinas comerciales de las distribuidoras gasíferas están colmándose de usuarios que realizan reclamos, y en algunas llegaron a formarse colas de más dos cuadras. La situación es particularmente notable en los últimos días en los lugares de atención de Metrogas, debido a que el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires está realizando una campaña para difundir las excepciones que pueden tramitarse a los aumentos de tarifas dispuestos a partir de abril.

La publicidad del ombudsman Alejandro Amor destaca las situaciones que según el Enargas habilitan tanto para la excepción de las últimas subas de tarifas como para pagar el costo del gas importado. Se trata de una lista corta que, según creen hasta ahora las distribuidoras de gas, oscilaría entre el 2% y el 3% de los usuarios de gas del área metropolitana, pero no se descarta que pueda haber alguna sorpresa.

Incluye a los que padecen enfermedad crónica que amerite más uso del gas, a los que perciben el haber jubilatorio mínimo, pensiones no contributivas, asignación familiar, plan o programa social familiar, vivienda con características desfavorables, exención del pago del ABL, vivienda con local anexo dedicado a la actividad comercial o a un fin social, certificado de discapacidad e ingresos familiares insuficientes.

Por esta última condición y por las condiciones de la vivienda, podría aumentar el número de exceptuados si el Enargas, que es el que finalmente decide, adopta un criterio laxo. Por el momento, lo cierto es que no hubo campaña del ente oficial sobre las excepciones y que muchos usuarios están enterándose ahora de la envergadura de los aumentos dispuestos en las tarifas que llegarán al 200% a partir del bimestre agosto-septiembre.

Como en otras ocasiones, las distribuidoras reciben las solicitudes de excepción, pero el Enargas debe aprobarlas. La experiencia muestra que cuando se eliminaron los subsidios en las facturas en las zonas consideradas de mayor poder adquisitivo, como Puerto Madero o Recoleta, el ente envió asistentes sociales a comprobar las situaciones descriptas, y por ejemplo no se aceptaron excepciones a los que pagan televisión por cable o tienen un servicio de internet.

Los aumentos dispuestos este año son escalonados y acumulativos, incluyendo los bimestres abril-mayo, junio-julio y agosto-septiembre. Si el usuario ahorra un 20% o más en relación con igual bimestre del año anterior, no tiene incremento; si ahorra hasta el 20%, paga la mitad de la suba. Pero el Gobierno hizo escasa difusión de esta posibilidad .

Esos aumentos no modifican el renglón de subsidio al consumo, que se mantiene igual, salvo en las zonas que perdieron el beneficio a fines de 2011. Lo que se modifica desde abril es el precio del gas, incluyendo una mejora en el ingreso de las distribuidoras, la mayoría de las cuales no tenían incremento desde 2000, y del valor del gas en boca de pozo. Esto último, sin embargo, no sería para las petroleras, sino para reducir el gasto del Estado en pagar un precio estímulo por la producción de gas nueva; por eso se presentó como una baja de los beneficios.

El hecho de que el renglón del subsidio no tenga modificaciones en las facturas confunde también a los usuarios, sobre todo porque por el costo del gas importado, que sigue siendo el mismo del año anterior, rige una medida cautelar que permite ir a la distribuidora bimestre por bimestre a solicitar la refacturación por ese concepto.

Por los aumentos dispuestos en abril, no hay en cambio medidas judiciales vigentes, salvo en Mendoza, donde directamente la Justicia prohibió facturar con los nuevos cuadros tarifarios.

En las colas que se advierten en Metrogas y en las otras distribuidoras, se juntan los que buscan ser exceptuados de los incrementos de tarifas y los que piden la refacturación por el costo del gas importado. En este último caso, se trata en su mayoría de usuarios de las zonas que perdieron los subsidios, y que pagan por el gas importado importes de $ 300 o más por bimestre.