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Se arriesga Zelaya a volver a su país en las próximas horas
Manuel Zelaya se dirigió ayer a la ciudad nicaragüense de Estelí, a 100 kilómetros de la frontera. Su intento de ingreso a Honduras podría ocurrir hoy o mañana.
Sin embargo, el depuesto presidente, que ve su regreso como «un llamado a la paz y a la reconciliación», se mostró esperanzado poco antes de iniciar este viaje, al sostener que ansía que «cuando las fuerzas armadas vean que está su presidente bajen sus fusiles y se sometan a la autoridad que el pueblo eligió».
Hoja de ruta
El asesor de Zelaya, Alan Fajardo, explicó ayer la hoja de ruta al indicar que se dirigirían hacia «la base de operaciones de Estelí», ciudad nicaragüense a 100 kilómetros de la frontera sur hondureña.
El depuesto mandatario convocó a los hondureños a que fueran a recibirlo al límite con Nicaragua, pero un grupo de soldados en la ruta que lleva a la frontera impidió a medio centenar de manifestantes el paso, diez kilómetros antes de llegar al cruce ubicado en el pueblo de Las Manos. En rigor, las manifestaciones a su favor estuvieron más bien raleadas ayer.
«Si no lo dejan pasar, se instalará allí en la frontera un par de días y luego buscará otra forma de entrar», dijo Rafael Alegría, dirigente campesino y uno de los líderes de las protestas contra el Gobierno interino, anticipando la respuesta del régimen de facto.
«No nos dejan pasar. No respetan el derecho constitucional de la libre circulación. Nos revisan como si fuéramos delincuentes. Nos anotan los nombres y las placas de los vehículos para amedrentarnos», ilustró Pablo Oyuela, dirigente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, respecto de la situación que se vive en el país en las cercanías a la frontera con Nicaragua.
En tanto, muchos temen que su regreso desencadene hechos de violencia. Su anterior intento del 5 de julio, cuando trató de aterrizar en Tegucigalpa a bordo de un avión venezolano, acabó en tragedia cuando al menos un joven simpatizante suyo cayó abatido por los disparos de los militares que custodiaban el aeropuerto.
El Gobierno de facto de Micheletti, instalado tras el golpe del 28 de junio, reiteró que lo esperaría con una orden de arresto por supuestamente violar la Constitución con sus aspiraciones de reelección, por lo cual reforzó con soldados la frontera con Nicaragua, país donde se encuentra el depuesto mandatario.
«Si él (Zelaya) insiste en eso, creo yo que no debe involucrar al pueblo hondureño en una aventura bélica que podría significar el derramamiento de sangre inocente», advirtió el delegado del Gobierno interino, Mauricio Villeda, respecto de la vuelta del depuesto mandatario y sus continuos llamados a la insurrección del pueblo hondureño.
Pese a esto, centenares de seguidores de Zelaya viajaron en micros y automóviles ayer hacia Las Manos.
Manifestaciones
El intento de regreso por parte del derrocado presidente al país llega en momentos en que Honduras vive manifestaciones populares que claman por la reinstauración en el cargo de su presidente elegido constitucionalmente, y otras a favor de los golpistas.
Unas mil personas marcharon ayer por una ruta al norte de Tegucigalpa, y bloquearon caminos quemando neumáticos ante la mirada de un centenar de soldados y policías antimotines.
Además, ayer comenzó un paro que continúa hasta hoy para interrumpir la actividad económica y presionar al Gobierno interino, aunque gran parte del transporte y los comercios estaba funcionando.
«Hoy tomamos las carreteras a la espera de que venga nuestro presidente Zelaya, este paro está poniendo presión, sobre todo a sectores del Estado», dijo Carmen Canaca, una maestra de escuela primaria de 31 años que participaba en la protesta.
«Si no dejan pasar a Zelaya, lo traeremos nosotros. El pueblo de Honduras lo va a proteger, puede haber una guerra civil», agregó.
Mientras los manifestantes vaticinaban que movilizarían decenas de miles de personas a la frontera para recibir ayer a Zelaya, se conoció un preocupante dato sobre la violación a los derechos humanos, registrada en estas semanas al interior del país centroamericano.
Una misión de 15 miembros integrada por delegados de la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Servicio Paz y Justicia, entre otras entidades, identificó «un importante número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, múltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información».
Agencias Reuters, AFP, EFE, ANSA y DPA
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