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Se complica la situación de uno de los socios por el derrumbe de la disco
Así surge de documentación secuestrada en allanamientos realizados en los últimos días en el marco de la causa a cargo de la jueza de instrucción Alicia Irmini. Rolando Flies, miembro de El Viejo Sabio, la sociedad anónima que explotaba el local ubicado en Scalabrini Ortiz 1638 de esta Capital, que se derrumbó el 10 de septiembre, sería propietario de la empresa Mundo Seco, especialista, según un sitio de internet, en la construcción de entrepisos; justamente fue esta parte del establecimiento la que se desmoronó y provocó la tragedia.
Flies, al igual que los otros integrantes de El Viejo Sabio SA, Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Catán Coria e Iván Flies, tiene pedido de indagatoria por parte del fiscal Andrés Madrea.
Como resultado de los operativos también se supo que Catán Coria tiene una productora que promociona fiestas, y entre sus clientes figuraba Beara. Las fuentes consideraron que las pruebas obtenidas complican a los imputados, porque no podrían alegar desconocimiento sobre las supuestas falencias que provocaron el derrumbe.
Para el próximo jueves, Irmini tiene previsto realizar una «inspección ocular» en Beara, ocasión en la que estarían presentes peritos y consultores técnicos a fin de evaluar el peso por metro cuadrado que podía soportar el entrepiso y confrontarlo con el público que asistió a la reunión de aquella noche.
Días atrás presentó su renuncia el director de Habilitaciones del Gobierno porteño, Martín Farrell, también con pedido de indagatoria por parte de Madrea. Otra de las diligencias previstas para avanzar en la pesquisa es la declaración testimonial de la jefa de Fiscalización y Control Vanesa Berkowski, quien había aconsejado a su superior, Farell, que no habilitara el local Beara.
La tragedia ocurrió el 10 de septiembre en el barrio de Palermo cuando se derrumbó el entrepiso donde funcionaba el vip del local. Dos chicas de 20 y 21 años murieron y unas 20 personas resultaron heridas. El lugar estaba habilitado y había sido inspeccionado nueve veces en los últimos años, según el Gobierno de la Ciudad.


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