El comunicado habla de la «grave preocupación que despierta una iniciativa de semejante alcance, proyectada sin consenso empresarial» y expresa que las organizaciones que conforman el G7 «rechazan categóricamente los proyectos en cuestión, máxime cuando se comprueba que avanzan hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita al otorgar a los sindicatos facultades de fiscalización y de información ajenas a su cometido muy superiores a la de los propios accionistas».
El texto -cuyo borrador había sido redactado por banqueros e industriales- lleva la firma de los seis dirigentes que almorzaron ayer en la sede de ADEBA (bancos de capital nacional): el dueño de casa Jorge Brito junto con su director ejecutivo Norberto Peruzzotti y Carlos de la Vega (Cámara Argentina de Comercio), Carlos Wagner (Cámara Argentina de la Construcción), Hugo Biolcatti (Sociedad Rural Argentina), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio) y Héctor Méndez (Unión Industrial Argentina). El miembro ausente de este grupo, como siempre, fue Mario Llambías (Confederaciones Rurales Argentinas).
Según uno de los participantes que compartió la ensalada caprese, el lomo con salsa de hongos y el bavarois de naranja con sus pares, «hubo quitas y agregados» al texto original. «Los que parecen estar más cerca del Gobierno se arrimaron a los que están más lejos, porque el proyecto de Recalde es de terror y causaría un enorme daño a las empresas.»
Y si bien la iniciativa parecería no contar con chances de ser aprobada en el Congreso, los dirigentes ya comenzaron a recibir las preocupaciones de sus afiliados del interior; sucede que el texto que hoy se conoce incluye a todas las empresas a partir del segundo año de vigencia, y no sólo a las de más de 300 empleados. Ese capítulo tuvo el efecto de galvanizar a pymes junto a los grandes grupos: la ley es para todos.
Otros puntos salientes del comunicado:
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