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Según la AFIP, 500 grandes empresas no pagan Ganancias
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue el orador principal del curso de formación política para jóvenes sindicalistas en la CGT. Compartió mesa con Facundo Moyano (que encabeza el grupo que convocó al acto) y Martín Bargas (sindicato de canillitas).
«Impulsamos la causa por evasión, pero define el Poder Judicial, que es el que tiene que poner el traje a rayas. Los evasores no sólo mienten y engañan al fisco, también a la sociedad y a los trabajadores», aseguró Echegaray. La frase impulsó una declaración más directa del titular de la AFIP sobre el proyecto de ley para que las empresas compartan las ganancias con los empleados. Consideró que «es necesario» que «se concrete definitivamente» y que «es una miopía rechazarlo» porque, según opinó, «el derrame llega a los trabajadores con la ley de participación de ganancias».
La presión de la AFIP para que grandes empresas regularicen sus deudas del Impuesto a las Ganancias se evidenció esta semana, después que comunicó que cuenta con información que confirma que Bunge debe el pago del tributo por unos $ 1.200 millones y la presidenta Cristina de Kirchner tomó el tema y lo calificó como «el mayor fraude de la historia». La cerealera emitió el martes un comunicado en el que afirmó que «cumple con todas sus obligaciones impositivas, aduaneras y previsionales» y asegura haber pagado el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Por eso, Echegaray le contestó ayer: «Que no confundan cuando dicen que pagan la Mínima Presunta. Las empresas y personas físicas que realizan alguna actividad de explotación comercial pagan Mínima Presunta cuando no determinaron Impuesto a las Ganancias», respondió en referencia a que ése no sería el caso de Bunge.
Echegaray dijo, además, que «estamos preparando los elementos desde la AFIP para presentarnos como querellantes en la causa» y que la posibilidad de detener a los directivos de Bunge «no es una decisión del Gobierno, sino una decisión del Poder Judicial». Recordó que el Gobierno envió en marzo un proyecto de Ley Penal Tributaria para que «el Poder Judicial, a instancias del Ejecutivo, cuente con una herramienta legal que permita tornar efectiva la prisión para los evasores». Remarcó que «no queremos que se cree un clima de falta de percepción de riesgo o que permita a otros contribuyentes recurrir a sacar bienes de su patrimonio o a generar insolvencias injustificadas». Por ello, dijo que la AFIP también avanza «firmemente» en impulsar un mecanismo para que «el procedimiento de autorización de medidas cautelares que otorguen los jueces sea a través del sistema de firma digital».


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