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Semana clave para Jaime: Bonadío define si lo procesa por dádivas
• Mientras avanza la investigación sobre el ex funcionario por presunto enriquecimiento ilícito
Ricardo Jaime, Claudio Bonadío
Bonadío fue el primer magistrado que citó a declarar como imputado a quien fue uno de los más poderosos funcionarios del kirchnerismo. El caso se inició a principios de 2008, a raíz de una denuncia del entonces titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien acusó a Jaime y a otros funcionarios de su cartera de realizar numerosos viajes supuestamente financiados por empresas a las que tenían que controlar desde la Secretaría de Transporte.
A fines de febrero pasado, los doce imputados en la causa comenzaron a ser indagados y en todos los casos negaron los cargos e intentaron desligarse de la tramitación de doce viajes realizados por el ex secretario y funcionarios de su cartera entre 2006 y 2008 a países como Brasil y Uruguay, y que habrían tenido fines turísticos.
Los indagados incluyeron tanto a directivos de las empresas que habrían ofrecido las supuestas dádivas, como a funcionarios de la gestión de Jaime, e incluso al actual secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, segundo en el área en ese momento. Bonadío se pronunciará esta semana sobre la situación procesal de todos ellos: Jaime, Schiavi, así como Alejandro Ventola, Gustavo Carmona, Carlos Lluch Javier Patoqui, Ricardo Mario Izquierdo, Julián Vázquez, Sergio Cirigliano, Manuel Vázquez, Ricardo Cirielli, y Laura Elba Gouvert.
Por su parte, Jaime reconoció haber realizado ocho de los vuelos investigados -siete a Brasil y uno a Uruguay- y aseguró que su participación en esos viajes se había fundado «exclusivamente en intereses propios del Estado nacional argentino».
También afirmó que esos vuelos no habían tenido costos «para el erario público» y que el resto de los viajes que forman parte de la pesquisa habían sido «de estricto carácter personal». Así, argumentó que la tramitación de esos taxis aéreos habían estado a cargo de su hermano, Eduardo Jaime, quien vive desde 1977 en Brasil.
Tanto el destino de la mayoría de los viajes que figuran en la causa, como la presencia de los Vázquez en la pesquisa establecen inevitables conexiones con la investigación que lleva Oyarbide sobre el aumento patrimonial del ex funcionario y su familia. Manuel, amigo y ex asesor de Jaime, figura como el supuesto responsable de tramitar compras y operaciones con sociedades anónimas ahora investigadas por la Justicia y supuestamente vinculadas al ex funcionario como Delome SA. Esta empresa compró una de las propiedades de la mujer de Jaime, Silvia Reyss, e intervino en la compra del avión Jet Lear 31A, gestionada por Julián Vázquez a nombre de Pegasus SA y que se le adjudica al ex secretario.
Manuel Vázquez también era la persona que tenía permiso para utilizar el yate Altamar 64, que se le adjudica a Jaime y cuyo secuestro fue ordenado por Oyarbide. Como en la mayoría de los bienes supuestamente relacionados con el ex funcionario, el barco valuado en unos u$s 1,4 millón fue comprado por otra sociedad anónima, Dalia Ventures, que también forma parte de la pesquisa de Oyarbide.
En la causa por dádivas es investigada además la empresa Mac Air Jet, perteneciente a Franco Macri, que también habría intervenido en algunos trámites relacionados con el Lear Jet.
Por eso, a pesar de que ambas causas tramitan de manera paralela, el pronunciamiento de Bonadío podría ser fundamental para la pesquisa de Oyarbide: tanto desde el punto de vista de las conexiones entre ambos casos, así como el precedente que sentaría respecto al ex funcionario más denunciado de la era kirchnerista.

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