Senado agenda maratón de la Magistratura, los DNU y superpoderes

Gerardo Morales

Serán 48 horas dramáticas en el Senado, a tan sólo tres semanas del final de las sesiones ordinarias. Entre el 2 y el 3 de noviembre, la oposición de la Cámara alta intentará emitir dictamen sobre la ley que elimina los superpoderes presupuestarios del Poder Ejecutivo, el nuevo régimen de los decretos de necesidad y urgencia, y la contrarreforma del Consejo de la Magistratura. Un paquete legislativo que, de convertirse en ley, tendría como destino el veto de Cristina de Kirchner, tal cual ocurrió con la ley que llevaba las jubilaciones al 82 por ciento móvil del salario mínimo.

Por ahora, la oposición en el Senado avanzó con los proyectos para modificar la llamada «Ley de Superpoderes» y el Consejo de la Magistratura, al fijar fecha para que ambas iniciativas sean tratadas en comisión el próximo martes 2 de noviembre. Durante la sesión ordinaria del miércoles pasado, se dispuso que los dos proyectos que cuentan con sanción de la Cámara de Diputados sean tratados por las comisiones correspondientes.

La modificación de la Ley de Administraciones Financieras que faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias sin autorización del Congreso, será tratada por un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. Mientras que la sanción que establece la reforma del Consejo de la Magistratura recaerá en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Reforma financiera

La reforma a la Ley de Administración Financiera, que es impulsada por el radical Gerardo Morales y por el salteño Juan Carlos Romero, del Peronismo Federal, dispone la modificación del artículo 37 de la Ley 24.156 para volver a la redacción original de la norma y dejar de lado las facultades que se otorgaron en su momento al Poder Ejecutivo para efectuar modificaciones a la Ley de Presupuesto sin intervención del Congreso.

En la última sesión, la oposición en el Senado no logró incluir el proyecto que reforma el régimen de los decretos de necesidad y urgencia en el temario al fracasar en el intento de reunir los 37 votos que son necesarios para aprobar esa ley y por eso no insistieron en el tema. Básicamente, el proyecto que ya fue aprobado en Diputados elimina la sanción ficta de los DNU, es decir la posibilidad de que estos instrumentos excepcionalísimos que delegan facultades legislativas en el Poder Ejecutivo mantengan su vigencia con la aprobación de una sola Cámara del Congreso. El nuevo proyecto opositor exige la aceptación explícita de la Cámara de Diputados y de Senadores para que los decretos de necesidad y urgencia produzcan efectos jurídicos.

En cuanto al proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura, la iniciativa opositora modifica su integración y eleva de 13 a 18 sus miembros, situación que en los hechos deja sin efecto el poder de veto que hoy mantiene el kirchnerismo para designar y remover jueces.

El proyecto devuelve la presidencia del organismo al titular de la Corte Suprema y busca además acelerar la selección de jueces, para evitar la actual situación en que hay vacantes en juzgados que llevan años y acortar a un año los procesos de investigación contra magistrados, que actualmente pueden mantenerse de manera indefinida y a juicio de la oposición obran como «amenaza» si los jueces avanzan en procesos que salpican al Ejecutivo.